Seis empleados de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y de la dirección de Protección de Derechos (Dinaf) de Mendoza, quedaron ayer acusados porque habrían hecho caso omiso de las denuncias de golpizas a las que era sometida la niña Luciana Rodríguez, antes de su asesinato.
Se trata de la pequeña de tres años que días atrás fue llevada envuelta en una sábana a la clínica Santa María de Capital mendocina, con signos de haber recibido una fuerte golpiza, y que falleció en los primeros instantes de ingresar al centro de salud.
Por el asesinato, fueron detenidos la madre de la menor, Rita Estefanía Rodríguez Ríos (24), y su padrastro, Jorge Orellano Carrizo (36), quien fue el que la llevó moribunda a la clínica.
La abuela de Luciana había pedido la tenencia de la pequeña ante la DINAF para alejar a la pequeña de la violencia familiar que estaba sufriendo donde vivía.
A su vez, un cuidacoche que había encontrado a la niña en el interior de un gabinete de gas, quien le manifestó que tenía hambre y que su padrastro la golpeaba, realizó la denuncia en la Comisaría Tercera. En la jefatura le tomaron la declaración pero le informaron “que no podían hacer nada”. Una hora y media más tarde, Luciana había sido restituida a la pareja.
En este marco, la fiscal de delitos especiales, Claudia Ríos, decidió imputar a cinco empleados gubernamentales por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte; los cuales no excarcelables y tienen penas de 5 a 15 años de prisión.
El restante está en una situación levemente más aliviada al no tener el agravante del abandono de persona.
Por la implicación en el caso, renunció a su cargo Fernando Herrera, director de Protección de Derechos de la dirección, quien la semana pasada negó haber cometido negligencias respecto de mantener la tenencia de Luciana en un hogar donde la golpeaban y no la alimentaban.
Por su parte, el gobernador Francisco Pérez suspendió preventivamente al operador Rafael Vizcarra y a Vanesa Consina,Coordinadora OAL Capital, a la psicóloga Fabiana Lucentini, a Mónica Castro y Mauricio Flores.
La fiscalía tuvo en cuenta que hubo 16 denuncias sobre la violencia a que sometían a la niña pero no alcanzaron para que las autoridades de la DINAF enviaran a la nena a un hogar seguro.
El viernes habrá paro del personal de DINAF porque se siente desprotegido. Por otra parte, el padrastro Jorge Orellano, quien se encuentra detenido e imputado del crimen de su hijastra, se presentó esta mañana ante la Oficina Fiscal 1 de Mendoza, pero se negó a declarar.
