Si se recorre Pompeya, se puede ver que en las cercanías de la  cancha de Huracán, En a la luz del día y en la calle, adultos lucran y otros pagan por los cuerpos de chicos que van de los 6 a los 18 años. Los varones duplican a la población femenina abusada en la franja de 14 a 18 años. Entre los 11 y los 13 años, ocurre lo contrario.Algunos medios y desde hace por lo menos cinco años se viene denunciando esta penosa  cuestión. La propia  Asesoría Tutelar General lo pudo comprobar.Tras lo cual legisladores de diferentes partidos políticos  visitaron la esta zona y pudieron comprobar  la existencia de  explotación sexual infantil.Constatado el problema, casi todos los diputados que integran la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, excepto su vicepresidenta Carmen Polledo (PRO) y Gerardo Ingaramo (PRO), estuvieron presentes en la escuela EMEM Nº 4  de Pompeya, para realizar la primera mesa de trabajo por la explotación sexual en Pompeya. En representación del  Ejecutivo porteño estuvo presente la vicepresidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Yael Bendel, y el titular del programa contra la explotación sexual de la Dirección de Niñez dependiente del ministerio de Desarrollo Social, Daniel Ríos. Las comisarías 32 y 34 de la zona no fueron citadas al encuentroTambién participaron personal de  centros de salud, y docentes. Por la Justicia porteña estuvo presente la Asesoría Tutelar; no así la Fiscalía General de la Ciudad a cargo de Germán Garavano. Por  los organismos de control, asistió Silvina Pennella, de la Defensoría del Pueblo. Además, estuvieron miembros de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), sección Capital y la congregación de monjas católicas de las Adoratrices.De esta reunión de trabajo  surgieron muchas críticas. Las principales apuntaron a los funcionarios judiciales y policiales. Los fiscales contravencionales porteños las pudieron evitar, no así  el secretario de la fiscalía sobre delitos sexuales y prostitución infantil (UFI-Integridad Sexual, más conocida como UFI-SEX), y  la secretaría de la fiscalía descentralizada de Pompeya.  “Los secretarios de los fiscales dijeron en el encuentro que no actúan de oficio porque es imposibleLa diputada María Elena Naddeo informó que  » los argumentos defensivos de los emisarios de los fiscales aluden  a la falta de recursos. Además, explicó que “sólo con pruebas certeras convocan a la gendarmería”. En definitiva: la fiscalía que financia de forma mixta la Ciudad y la Nación no investiga a las mafias. Por su lado, las legisladoras macristas presentes también cargaron sus críticas hacia la Justicia y la Policía Federal, mientras que el  diputado de izquierda y abogado de derechos humanos Marcelo Parrilli (MST-Nueva Izquierda) agregó que “los propios funcionarios de las fiscalías reconocen que no hacen investigaciones, cuando ellos deberían impulsarlas para demostrar los hechos denunciados y no esperar a tener resuelto el caso al instante que se denuncia”.  “Cuando en un mismo lugar se dan sistemáticos hechos de prostitución infantil es evidente que el aparato de seguridad está comprometido. No hay delito económicamente organizado en el que no participe el aparato de seguridad, la justicia y parte del poder político”, consideró que “se debe denunciar a las autoridades policiales para romper el cerco. El nivel de corrupción es inalcanzable” sostuvo Parrilli.Los legisladores de todos los partidos políticos que integran la Comisión de Mujer e Infancia (PRO, Proyecto Sur, ibarrismo y Coalición Cívica) coinciden en la total complicidad con el delito por parte de la fuerza policial. Recuerdan que el propio jefe de la Federal, Néstor Valleca, negó a la Asesoría Tutelar la posibilidad de entrevistarse con los comisarios para hablar del tema.

A tres años de aprobada por la legislatura porteña, la Ley  2.443, que pena la prostitución infantil, el  gobierno PRO no la  reglamentó aún, y tampoco retira las habilitaciones de los prostíbulos denunciados que se encubren en bares o whiskerías. El Gobierno de Mauricio Macri, en toda su gestión, jamás lanzó una sola campaña pública sobre esta problemática que sufren especialmente los niños, niñas y adolescentes pobres, rehenes de las mafias proxenetas. Es inexplicable como el  Estado porteño pudiendo utilizar los mecanismos que le otorga la Ley 2.443 para combatir el delito de la explotación sexual infantil no lo hace.En su primer artículo señala su objetivo: “Establecer e implementar medidas tendientes a erradicar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”. “Recomendar al Ministerio de Educación la incorporación de contenidos sobre la prevención de la explotación sexual comercial infantil”, figura en el punto 5 del artículo 3 del texto de la norma en cuestión.Respecto al siempre permeable negocio del turismo, que en todas partes del mundo mantiene relaciones con el abuso sexual de menores y el tráfico de drogas, la ley exige “a los prestadores de servicios turísticos la suscripción de códigos de conducta”, ya sea de empresas que trabajen con turistas nacionales o extranjeros. Esto generaría la instalación de miles de carteles visibles en hoteles, bares, terminales de transporte, que en “español, inglés y portugués como mínimo” tengan un teléfono de denuncias y la siguiente leyenda: “En todo el territorio de la República Argentina se castiga con hasta quince (15) años de prisión a quienes participen en actos de prostitución infantil, corrupción y/o de abuso sexual a menores de dieciocho (18) años. Denuncie ante la autoridad competente al tomar conocimiento de algún caso de práctica de explotación sexual comercial en niños/as y adolescentes”.Uno de los puntos que más critican los legisladores, es la  ausencia de campañas de denuncia y concientización (en realidad existe una, realizada en video por el programa contra la explotación sexual que depende del Ministerio de Desarrollo Social porteño, a cargo de María Eugenia Vidal, pero que curiosamente nunca se divulgó).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Por otra parte, el artículo 5 obliga a un gasto económico porque deja establecido que “la difusión de contenidos” debe ser “a través de todos los medios de comunicación masiva que dependan del Gobierno de la Ciudad, y cualquier otro medio que asegure su difusión masiva”. Por ahora, el gasto del macrismo, y lo reconocen sus propios partidarios, “fueron unas postales” que no trascendieron en los medios masivos de comunicación ni fueran publicadas en el portal del Gobierno porteño.La legisladora oficialista que estuvo en Pompeya, Raquel Herrero, respecto de la falta de reglamentación expresa que  “Esa ley no la tengo estudiada”. Cabe aclarar que el texto de la norma ocupa sólo una hoja y su acceso es público. Igualmente, la legisladora aclaró que “vamos a tratar de impulsar su reglamentación. Estamos estudiando si conviene mejorarla. Tenemos trabajando a los asesores”. Y concluyó que está a favor de reglamentar “todas las leyes necesarias”.    Por su lado, Carolina Stanley, ex funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, reconoció que el PRO tiene “una deuda histórica con la reglamentación de leyes” y dijo desconocer el avance de la reglamentación de la Ley 2.443 por parte del Poder Ejecutivo.Sobre el tema de la explotación sexual, las legisladoras del PRO presentaron un proyecto de ley para limitar los avisos clasificados vinculados a la explotación sexual, que figuran en algunos diariosAl respecto dicen  “Queremos la regulación de la publicidad de bares y whiskerías. Queremos que se exija a la persona que publica un aviso su acreditación de DNI, la titularidad o contrato del local y una boleta de pago de impuestos. Ya que los avisos son una vía de reclutamiento de mujeres. El Poder Judicial, mediante los fiscales nacionales y locales, no desmantela las redes de proxenetas de menores y adultas. Comisarios de la Policía Federal están señalados por legisladores y organizaciones de la sociedad civil por complicidad activa con el negocio de la explotación sexual, en tanto que la Policía Metropolitana tuvo en marzo un escándalo en el tema por la incorporación del policía Miguel Colombo (finalmente echado), procesado por amparar esta actividad ilegal en su paso por la Federal. Corrupción , vacío legal, falta de justicia. Para muchos el Estado está ausente, otros opinan que es cómplice de los proxenetas.Con la reglamentación de la norma, el Ejecutivo porteño se estaría evitando los embates opositores y hasta alguna demanda judicial, ya que el texto normativo obligaría a la autoridad de aplicación, que algún día será asignada, a “implementar una campaña permanente” en el marco de los objetivos y presupuestos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene ratificación por la Ley nacional 25.763.