Se ha tendido a describir a los países de la región como de “baja calidad institucional”, o se las ha tildado de “democracias delegativas”, entendido esto como la preeminencia de los presidentes, quienes se consideran “la encarnación de la Nación”, con fuertes inclinaciones paternalistas, plebiscitarias, y con escaso control horizontal entre los poderes; todo ello en detrimento de los canales institucionales. Debemos reconocer que, a lo largo de la historia, ha sido en gran parte así. De todas maneras, cabe replantearse si en verdad esto continúa siendo una patología de nuestras democracias o, si estamos transitando las vías de una mayor institucionalización.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual parece poner en tela de juicio esta noción, o por lo menos matizarla, si uno quiere evitar un optimismo en exceso. El recorrido institucional que ha transitado dicha ley da cuenta del importante rol que cumplen las instituciones en nuestros días.
En primer lugar, debemos recordar que antes de convertirse en proyecto de ley, la misma tuvo un componente democrático y plural pocas veces visto. Si hay algo que caracterizó a la Ley de Medios, es su profundo debate a lo largo y ancho del país, y la participación de la sociedad civil. En segundo lugar, ya en el Congreso, -órgano representativo por excelencia-, el debate siguió estando presente, a tal punto de que, luego de ser debatida y discutida por la totalidad de las fuerzas con representación parlamentaria, fue sancionada y no sólo con el voto oficialista; el oficialismo debió negociar, dialogar y hasta incluso, aceptar modificaciones. Cabría repensar la ligera conclusión de que el Congreso es una escribanía.
Son conocidos los obstáculos judiciales por los que atravesó la ley luego de su sanción, pero siempre por la vía institucional, aunque el proceso haya sido opacado por las presiones provenientes de las corporaciones afectadas, y las sospechas de prebendas hacia algunos de los magistrados intervinientes, entre otras cosas. Así, la ley estuvo jaqueada en algunas instancias judiciales que, poniendo en duda su constitucionalidad, impidieron su plena aplicación.
Finalmente, cuatro años después, le llegó el turno a la Corte de romper ese punto muerto. Mucho se había especulado acerca de la resolución que tomaría, y sin embargo, el tribunal supremo actuó conforme a derecho, y de acuerdo a los lineamientos básicos de nuestra Constitución Nacional. Podría cuestionarse, es cierto, tamaña dilación, pero luego del fallo no caben dudas: la ley es constitucional, y debe ser aplicada en su totalidad.
Este ligero recorrido intenta resaltar el trayecto institucional de la Ley de Medios. Debatida por la sociedad, recogida por el Poder Ejecutivo, discutida en el Parlamento, y su dictamen de constitucionalidad por la Justicia. Pocas veces se ha visto un abanico institucional tan amplio por parte de una ley.
Cabe agregar dos cuestiones más: por un lado, días previos al fallo de la Corte se habían llevado a cabo las elecciones legislativas de acuerdo a como estaba previsto. Amén del resultado, que permite varias lecturas, y todas válidas, el alto grado de participación ciudadana, así como la competitividad y transparencia con que se desarrollaron, es digno de destacarse. Por otro lado, la sorpresiva ausencia de la presidenta por cuestiones de salud, no ha obstruido en absoluto el rumbo ni el funcionamiento del gobierno; desde ya que sin medidas ni anuncios rimbombantes, el mismo sigue su curso por los andariveles estipulados constitucionalmente.
En lo que concierne a la Ley de Medios, dependerá de su órgano de aplicación mantener el espíritu que dio origen a la misma, y continuar defendiendo su verdadero sentido antimonopólico; pero no sería exagerado concluir que, a contrasentido de lo que suele creerse o prejuzgarse, nuestras instituciones gozan de buena salud, y eso, indudablemente resulta alentador para transitar las vías de una institucionalización cada vez mayor.
Por Natalia Nuñez
