Hay 120 personas reconocidas, de las cuales 24 fueron multadas con hasta 400 mil pesos. 

La mayoría de los integrantes de la organización son extranjeros y operan desde 34 locales e inmuebles utilizados como depósito o como punto de venta de mercadería de dudosa procedencia. 

Incluso, un empleado de la Ciudad y dos ex policías federales serían integrantes de estas organizaciones.

La fiscal de cámara Verónica Guagnino está al frente de la causa, donde se precisa que en 11 de aquellos 34 locales identificados ya hubo allanamientos y se decomisaron más de 60 camiones con mercadería para la venta callejera.

La Justicia también ha identificado a más de 500 personas que participan como vendedores ambulantes. A la mayoría se le exigen “pagos” en concepto de “afiliados de agrupaciones y sindicatos”, un dinero que, en cambio, se utiliza para cubrir gastos de abogados ante posibles requerimientos judiciales.

Según dijeron fuentes de la investigación, muchos de los vendedores de café y de pochoclo de Once, en realidad, son explotados por sociedades comerciales que no tienen autorización ni habilitación para desarrollar estas actividades.

Esta historia también tiene su pata judicial: según figura en la causa judicial, se advirtió que quienes explotan la actividad ilegal en el espacio público cuentan con la concesión a su favor de amparos de un mismo juez porteño.

De hecho, la fiscalía le remitió a dicho magistrado un oficio haciéndole saber que “debía revocar y controlar los amparos que emitía porque algunos de los amparados violaban los límites de la ley“.