La Cámara del Crimen rechazó el pedido en la investigación por el incendio y posterior derrumbe del depósito de la empresa Iron Mountain el 5 de febrero en Barracas, que causó la muerte de diez bomberos.

La Sala Sexta de la Cámara señaló que no se puede descartar que el Estado, nacional o local «sea demandado civilmente por el rol que le cupo en el hecho».

El Ministerio de Seguridad había pedido que el Estado sea querellante como consecuencia de «los daños materiales ocasionados en los elementos de trabajo del personal fallecido y en la inversión en capacitación y entrenamiento que se les dispensó».

El fallo fue firmado por los jueces Rodolfo Pociello y Ricardo Pinto, quienes aceptaron como querellante a la empresa TASA, que tenía almacenada documentación en el depósito incendiado.

El hecho ocurrió el 5 de febrero, cuando un incendio se desató en un galpón de Barracas y dejó un lamentable saldo de diez bomberos muertos y varias personas heridas.