Según el abogado José Iglesias, Ugolini avaló el acuerdo entre los tres legisladores denunciantes con la empresa multinacional de gaseosas y el Gobierno PRO.En su momento, la inmensa pantalla lumínica tipo Leds, ubicada frente al Obelisco generó un revuelo, pero todo se aquietó una vez que el juez Andrés Gallardo ordenó al Gobierno porteño retirar la pantalla y no habilitar este tipo de pantallas animadas para su instalación en la Ciudad. La causa continuó sin repercusiones pero para el abogado denunciante,  se produjeron serias irregularidades que podrían derivar en  un escándalo significativo. El abogado, en su denuncia presentada este jueves, por la mañana, ante el Consejo de la Magistratura, acusa de «mal desempeño» a la Fiscal de Cámara del fuero Contencioso, Daniela  Ugolini. La funcionaria judicial, que representa los intereses de la sociedad civil, aceptó un acuerdo al que arribaron los tres legisladores denunciantes y sus  denunciados: la empresa multinacional norteamericana y el gobierno de Mauricio Macri.Según el abogado Iglesias,  la fiscal  no contempló el informe terminante que hiciera la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal sobre los riesgos de la gran estructura colgada en la fachada de un edificio con decenas de oficinas. Para Bomberos, con la pantalla instalada existe «la dificultad de las tareas de rescate y extinción ante un eventual siniestro, en virtud del enrejado que conforma la estructura del cartel de referencia». «Si se opta por mantener las obstrucciones podrían contemplarse una serie de alternativas orientadas a minimizarlos, pero desde el punto de vista práctico y de la protección contra incendios, la mayor efectividad se encontrará en la eliminación de ellos». Iglesias denuncia y deja entrever un acuerdo espurio. «La causa avanzó progresivamente hacia una composición, cuya evolución no se advierte en el trámite y que probablemente tuvo lugar extrajudicialmente. Así los entusiastas promotores del amparo”, refiriéndose a los  legisladores(Eduardo Epsztein, Aníbal Ibarra y Martín Hourest), “aparecen luego como los que instan una audiencia de conciliación». El 14 de septiembre se realiza la audiencia de conciliación, en la cual la fiscal Ugoloni avala el acuerdo en que llegan las partes y que para el denunciante  “la funcionaria objetada ha incurrido en mal desempeño al declinar, sin atribuciones para ello, la debida tutela del orden público, incluso del orden publico ambiental, consintiendo además una indebida delegación del poder de policía en una empresa comercial, además interesada particularmente en el hecho”.El acuerdo para reinstalar la pantalla Leds frente al Obelisco expresa en su primer cláusula que  la multinacional se compromete a llevar a cabo la totalidad de las obras tanto en el edificio como en la pantalla. En la cláusula tercera se dispone que “las partes acuerdan que la fabricante de gaseosa,  llevará a cabo un estudio de impacto lumínico a su exclusivo costo, a fin de evaluar el referido impacto en los conductores y transeúntes producido por el emplazamiento de la Pantalla en el Área Especial denominada “Isla Publicitaria”. El único rol que asume el Gobierno de la Ciudad es «presentar un proyecto legislativo, a partir de la hipótesis de la existencia de un vacío legal».Y en el último punto del acuerdo los denunciantes, Epsztein, Ibarra y Hourest, desisten de las medidas cautelares.El acuerdo permite por lo tanto reinstalar la pantalla y por consiguiente el denunciante comprueba que «sus suscriptores desecharon las objeciones de la Superintendencia Federal de Bomberos, concretándose tan solo en: la detección de un incendio en el interior del edificio y en la previsión de una serie de medidas elementales para la evacuación de los habitantes del edificio asiento de la pantalla».Iglesias acotó además en la denuncia que «la preocupación de los bomberos por la extinción del siniestro solo está atendida por la colocación de matafuegos. Previsión pueril frente al carácter del señalamiento de la autoridad federal».En tanto que por la seguridad vial de la circulación, «el acuerdo produce una indebida privatización del control respectivo, cuando delega en la propia empresa interesada  la realización de un estudio de impacto lumínico en los conductores y transeúntes». En cuanto a los aspectos de  relativos al impacto ambiental del emplazamiento, «ni siquiera están contemplados», añade el denunciante.