Para la Asociación Vecinal Lago Pacífico, “una mancha oscura de certera sospecha flotaba en las aguas del Riachuelo. Un conjunto de factores que no dejaban dudas de que nuestras reflexiones iban por el camino correcto. Sentíamos, vivenciábamos, analizábamos, debatíamos, arábamos en el agua turbia de la política neoliberal que se viene desarrollando en la cuenca más contaminada de la Argentina”.

”El juez que de un plumazo sacó los barcos y barcazas del Río Riachuelo, que prohibió la navegación, y así, volvió a matar una y mil veces a Benito Quinquela Martín, está implicado en los más turbios contaminantes del valle del Riachuelo-Matanzas: negociados a espaldas de las necesidades populares”.

“El  juez Luis Armella, encargado de supervisar la limpieza del río, viene ordenando  obras complejas en plazos perentorios que impiden hacer licitaciones”. 

“Así, un grupo de empresas vinculadas con el mismo juez se hizo de contratos millonarios por adjudicación directa. El modus operandi se completa con la clausura de empresas competidoras”…

En junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para conocer en su jurisdicción originaria el reclamo contra la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas presentado por diecisiete personas damnificadas por la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.

Pero en una decisión que sacudió todas las rutinas tribunalicias y realzó el rol de la Corte como un poder del Estado activo y con sensibilidad ambiental y social resolvió asumir la tutela del ambiente, considerado un bien de incidencia colectiva, de uso común e indivisible.

 La Corte citó a una serie de audiencias públicas sin precedentes, para escuchar a los vecinos denunciantes, las autoridades de todas las jurisdicciones con competencia y a organizaciones sociales y ambientalistas y solicitó informes y planes integrales de saneamiento, ya que en los 2240 km2 de la cuenca hídrica más contaminada del país y de sus degradadas zonas urbanas, el catastrófico deterioro ambiental afecta los derechos humanos fundamentales a la salud, al agua y el saneamiento, a la vivienda adecuada, a la calidad de vida y a un ambiente sano. 

En respuesta al activismo judicial, en noviembre de 2006 se creó por la ley 26.168 la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Acumar. 

Ese ente de derecho público interjurisdiccional es presidido por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y lo integran otros siete miembros, representantes de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma.

En 2007, la Corte reclamó de la Acumar una serie de informes precisos sobre estado del agua y el aire; traslados de población y de empresas; proyectos sobre el polo petroquímico de Dock Sud; utilización de créditos verdes; saneamiento cloacal y de basurales; limpieza de márgenes del río; expansión de la red de agua potable; desagües pluviales; estado de avance de las obras, factibilidad de sus plazos, costos y financiamiento. 

Un alto porcentaje de los cinco millones de habitantes que se apiñan en los catorce municipios de la cuenca viven en villas o asentamientos precarios, sin servicios básicos de saneamiento y con alta incidencia de necesidades básicas insatisfechas.

El 8 de julio de 2008 la Corte ordenó medidas protectoras del interés general y encomendó a la Acumar el cumplimiento de tres objetivos simultáneos: la mejora de calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención de daños. 

La gran tarea a realizar,  luego de un siglo de desidia, hizo que la Corte fijara desde el comienzo términos estrictos para cada paso. Por ejemplo, adoptar en 90 días hábiles un sistema internacional de medición para controlar el avance del proceso; organizar en 30 un sistema de información pública en Internet para el público; inspeccionar en otros 30 todas las empresas radicadas en la cuenca e identificar a las contaminantes y exigir que en el mismo lapso cada una de esas empresas presentara un plan de tratamiento. 

También fijó plazos para el saneamiento de basurales, la urbanización de villas y asentamientos precarios, el plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), la limpieza de las márgenes del río, la parquización de la ribera, la expansión de la red de agua potable en el período 2008/2015, los desagües pluviales, la construcción de la planta depuradora Berazategui y sus emisarios y el plan sanitario de emergencia. 

Estas razonables estipulaciones incluyeron la aplicación de una multa diaria al presidente de la Autoridad de Cuenca por el incumplimiento de cualquier plazo.

Para organizar la participación ciudadana, también creó un cuerpo colegiado con las organizaciones no gubernamentales que intervienen en la causa, coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación. 

Al mismo tiempo, delegó el proceso de ejecución de su sentencia en el juzgado federal de primera instancia de Quilmes, que actuaría desde entonces como tribunal superior de la causa, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento. En el considerando 21, invistió al juez con la facultad de fijar el valor de las multas diarias e investigar los posibles delitos que deriven del incumplimiento. 

“Es así como Armella quedó como instancia de revisión judicial de las decisiones de la Acumar, y sus resoluciones sólo podrán ser apeladas ante la propia Corte Suprema”. 

“Estos son los poderosos instrumentos que el juez utiliza para fijar los plazos perentorios que luego justifican la contratación directa de las empresas vinculadas con Su Señoría, incluso en obras de carácter estético que no habría inconveniente en licitar y que de ese modo costarían menos de la mitad de lo que se paga por su realización”. 

”El 24 de febrero de este año, se constituyó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sociedad “San Martín 264 Bernal SA”, con un capital de 30 mil pesos para realizar actividades inmobiliarias y de construcción. Su presidente es el monotributista Francisco Alberto Groba,  suegro del juez Armella, y una de sus accionistas es su hija Marina Laura Groba Martini, una abogada de 35 años, casada con Armella”.

”Otro socio es el arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, tío de Marina Laura. El presidente suplente es el abogado portugués Arturo Rodrigues da Silva. Aunque todos sus accionistas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, la sociedad anónima cuya denominación es un domicilio de Bernal, se constituyó ante el escribano porteño Mario Gabriel Szmuch, fijó domicilio en Lavalle 1675, 4º 13, de la Capital Federal, y fue inscripta en la Inspección General de Justicia de la Nación”.

“Ocurre que en ese  edificio no funciona ninguna empresa con esa denominación., pero la  nómina completa de sus integrantes conduce a un abanico de firmas que se benefician con el dispendio del magistrado”. 

“ Rodrigues da Silva preside, es director o socio de las sociedades anónimas Gildin, M&T, Tierras Provinciales y Vial Rogo Constructora, y varios de los accionistas de “San Martín 264 Bernal SA” lo son también de algunas de esas empresas vinculadas: Eduardo Ojea preside M&T, donde su esposa Graciela Susana Beatriz Aparicio es directora suplente”.

”Gilda González es directora de Gildin, Vial Rogo Constructora y Kartonsec; su hermano Diego González es presidente de Vial Rogo y Kartonsec y accionista y vicepresidente de Tierras Provinciales, entre cuyos socios hay otros tres accionistas de “San Martín 264 Bernal SA”: Jorge Alfredo Kyle, Héctor Eduardo Luerchio y Guillermo Eduardo Chiaborelli”.

”Otros tres hermanos González (Lorena, Iván Guido y Romina) y sus padres (Francisco González y Graciela Pizzera) son directivos o socios de Vial Rogo, junto con el ubicuo Rodrigues da Silva. Cuatro de los hermanos González y su madre son los directivos de Kartonsec”.

”De este modo, los tres grupos familiares que junto con Rodrigues da Silva integran “San Martín 264 Bernal SA” (los González, los Ojea-Aparicio y los Armella-Groba, todos de Ranelagh, del barrio residencial de Berazategui, ocupan las principales posiciones de empresas dedicadas a limpiar el Riachuelo”.

”Una característica singular de Gildin SA, que también gira con el nombre de fantasía Canteras del Sur, es que extrae tierra y tosca de la cantera Arroyo de las Conchitas, ubicada en la zona urbana de Berazategui. Ese agujero, en un predio de 20 hectáreas, fue mostrado en 2006 por Telenoche, lo cual dio lugar a que la Dirección Provincial de Minería lo clausurara, alegando que había vencido su habilitación. Gildin presentó un recurso de amparo en el juzgado federal de Quilmes. Armella se excusó pero la jueza subrogante Marcela Linares lo concedió y autorizó que la cantera continuara funcionando”. 

“Gildin también denunció a los funcionarios provinciales por discriminación: mientras clausuraban su cantera permitían la extracción de tierra en terrenos fiscales. Esto dio lugar a un largo enredo judicial. Aunque la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió que no correspondía la competencia federal, la autorización sigue vigente”. 

“Lo que sí hizo Armella es  prohibir el funcionamiento de las canteras que funcionaban en la jurisdicción de Acumar, con lo cual todas las compras de material se derivaron hacia Gildin, que está fuera de la cuenca”.

“ Como secretaria del juzgado federal de Quilmes, Armella designó a Karina Lombardo, esposa del intendente de entonces, Sergio Villordo, quien fue el sucesor de Aníbal Fernández al frente del justicialismo quilmeño”. 

“A su vez, Mussi tiene como representante bonaerense en el directorio de Acumar a Jimena Camaño, hija de otro ex intendente de Quilmes, Eduardo Camaño, el secretario general del gabinete de Scioli y entusiasta orador antikirchnerista en los actos del grupo Juan Domingo”. 

“La protectora de Armella es Falbo, quien lo conoció en la infancia, cuando ella enseñaba y él estudiaba en la Ranelagh Comunity School”. 

”Falbo lo convirtió en uno de los fiscales más jóvenes de la provincia y lo sostuvo en un escandaloso episodio contra tres colegas de San Martín”. 

” Armella inició una causa paralela a la de San Martín y terminó acusando a los empresarios denunciantes, por lo que se ganó el mote de Armelá. Se cruzaron entonces entre los fiscales sumarios, denuncias penales y solicitudes de juicio político, que no prosperaron. Falbo lo respaldó, desplazando de la causa a los otros fiscales”.

Con todos estos datos la Asociación se pregunta si no le cabe un juicio político al Juez Armella.