El juez Carlos Arenillas, que el 16 de este mes intimó a los docentes de Santa Cruz a acatar la conciliación obligatoria, escuchó hoy los argumentos de las partes y explicó los alcances de la sanción que impuso a los sindicatos, que hoy sostenían un paro que afecta ya 35 días de clases.

La audiencia en el juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería convocó a los titulares de las asociaciones Docentes de Santa Cruz (Adosac), Pedro Muñoz, y del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Raúl Robles, y al fiscal de Estado de la provincia, Carlos Ramos.

El 16 de este mes Arenillas intimó a los sindicatos a acatar la conciliación obligatoria dictada el día 2 por la Secretaría de Trabajo, les impuso multas de mil pesos diarios y les advirtió que podría haber acciones penales por «desobediencia», medida que recurrieron las entidades.

Los docentes piden un 50 por ciento de aumento y rechazaron ofertas del 20, el 23 y el 25 que, según sostiene el gobierno, llevan los sueldos de bolsillo para el maestro inicial a 4.700 pesos y son «los más altos del sector» en el país.  

Ante la persistencia de la huelga, días más tarde la cartera laboral local dispuso nuevas sanciones administrativas de 700 mil pesos para la mayoritaria Adosac y de 50 mil para la AMET.

Al término de la reunión, que se extendió desde las 10.30 hasta el mediodía, Muñoz valoró la convocatoria del juez, en la que ambas entidades «fundamentaron sus objeciones que no son a la conciliación sino al proceso» que llevó a esa instancia, tras reclamar «durante 138 días hábiles» la paritaria docente.

El dirigente docente dijo que buscan «un ámbito de negociación plural» y anticipó que la Adosac esperará a que el juez se expida el jueves para determinar los pasos siguientes.

Ramos expuso la posición del gobierno y dijo que el magistrado «explicó los alcances de la sentencia» y consideró «muy grave el no acatamiento» de los gremios a la demanda judicial, pero aclaró que el objetivo de la convocatoria no fue lograr un acuerdo en el marco paritario.

«El juez no es autoridad de aplicación de la ley laboral ni el fiscal de Estado es miembro paritario», apuntó el funcionario y agregó que la discusión salarial no se dirime en el ámbito de la justicia sino en el Ejecutivo, donde «los canales de diálogo» no paran mientras se tramitan las apelaciones.

Según indicó, el juez reiteró que el recurso «no suspende la aplicación de astreintes (multas) a los gremios y la intervención de la justicia penal” por el delito de desobediencia, previsto en el artículo 239 del Código Penal.

«El juez califica de consecuencia grave el incumplimiento de una manda judicial”, lo que es «más grave aún» por el rol que cumplen los educadores, indicó Ramos.

Al convocar a las partes, Arenillas estimó improcedente darle tratamiento de amparo a los recursos de los sindicatos y consignó: “Yo sí pienso que con 34 días de paro (ayer) es absolutamente imprescindible y urgente el acatamiento de la conciliación obligatoria y el regreso a las aulas”.