El juez federal Ariel Lijo sostuvo que el asesinato del ex secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Ignacio Rucci, no fue un delito de lesa humanidad y en ese marco dictaminó la prescripción de la causa.

En este sentido el magistrado argumentó que la investigación penal sobre el homicidio registrado el 25 de septiembre de 1973, está “prescripta” y ordenó el archivo del sumario.

Según el juez afirmó que “la naturaleza aberrante del hecho, ni la repercusión social y el inconmensurable daño ocasionado” bastan para transformar en un crimen de lesa humanidad el asesinato perpetrado hace casi cuatro décadas.