Por Cristian Arroyo *

Ante la intención del gobierno nacional de reformar el sistema previsional argentino, consideramos importante compartir el análisis que realizamos desde el Instituto de Políticas Públicas.

El modelo capitalización individual de los 90

En el año 1993 se crea el régimen de capitalización individual con la Ley 24.241 de reforma previsional. Este régimen suponía la privatización de la seguridad social, entregando la gestión a las AFJP. Dichas administradoras eran entidades financieras creadas para gestionar los aportes de los trabajadores.

Dicho experimento fue un fracaso y un éxito.

Fue un fracaso para los trabajadores, los jubilados y el Estado:

Al momento de su implementación, el Estado debió afrontar el pago de las jubilaciones sin contar con los aportes de los trabajadores activos, que iban directamente a las AFJP.

Una vez que se jubilaron los primeros trabajadores con el sistema de capitalización individual, el Estado debió garantizar un piso mínimo de ingreso, ya que las inversiones no habían generado lo suficiente para alcanzar una retribución mínima de $ 150.

La jubilación mínima era de $ 150 (o dólares), pero por de los efectos de la megadevaluación del año 2002, el valor de la jubilación mínima alcanzó entre Mayo y Octubre del año 2002 los 41 U$S¹.

Para el año 2003 solo el 66,1% de las personas en edad de jubilarse podían hacerlo.

A veces se nos olvida lo bajo que había caído nuestro país.

Pero fue un éxito para el capital financiero:

Las AFJP percibían una comisión deducida del aporte previsional obligatorio de los afiliados que llegaron a representar el 2,5% del sueldo bruto de todos los trabajadores.

Asimismo dichas administradoras inyectaban los fondos de los trabajadores en el mercado de capitales con el fin de obtener una rentabilidad que repartía entre el beneficiario y la misma empresa. Lo hacían, casualmente, en las principales empresas de aquel entonces: privatizadas, bancos y empresas monopólicas.

De esta manera, el sector más concentrado de la economía se financió en los 90 con la plata de los trabajadores que después no podían jubilarse.

Fondo de Garantía Sustentable

En el año 2008, se suprimió el sistema capitalización individual, que fue reemplazado por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La Anses “hereda” las inversiones realizadas por las AFJP en las grandes empresas argentinas, siendo los jubilados “socios” de los sectores más concentrados de la economía. Esta cartera de inversiones se llama Fondo de Garantía Sustentable (FGS).

En el año 2015 y según datos de la Anses, el sistema previsional argentino fue financiado por rentas del FGS (7%), Aportes de los trabajadores activos (56%) e impuestos generales, entre los que se destacan IVA y Ganancias a la cuarta categoría (37%).

Es importante saber de quienes somos socios. En el ámbito financiero, Grupo Macro de Jorge Britos (y de los jubilados que tiene el 31,5% de las acciones), Patagonia, Grupo Financiero Galicia S.A, BBVA.

Tenemos una importante participación en empresas distribuidoras de gas y electricidad (Edenor, Pampa Energia, Camuzzi, Metrogás). Un consuelo, el 26,8% de las ganancias que tenga Edenor con el tarifazo vuelven a los jubilados.

Otras empresas oligopolicas: Telecom Argentina S.A., Siderar S.A., Molinos Río de la Plata S.A., Grupo Clarín S.A., Ledesma, IRSA Propiedades Comerciales S.A., entre otras (pueden consultarse en http://fgs.anses.gob.ar/participacion).

Consecuencias de venta de las acciones del FGS

La venta de acciones del FGS, más allá del relato legitimador que se utilice, significará objetivamente perder 7% del dinero con que se financia la seguridad social en la Argentina.

Asimismo es muy posible que, así como hubo sobreprecios en la venta de acciones en los 90, las empresas que representan el poder real en nuestra economía, puedan recomprar esas acciones a un valor menor debido a la sobreoferta que representaría que Anses se desprenda masivamente de las mismas, cerrando el circulo de una estafa perfecta al resto de la sociedad.

Por último, se quitan la pesada herencia del control estatal en sus cuentas, ya que el Estado, en su calidad de socio, tiene acceso a información que podrían ocultar.

Es importante que la ciudadanía haga escuchar sobre voz para evitar esta reforma.

No se trata solamente de ser solidarios con los adultos mayores sin aportes que cobraran el 20% menos que en la actualidad y no tendrán derecho a PAMI. Ni siquiera de defender a las mujeres más humildes que deberán esperar a los 65 años para contar con la pensión anunciada por el gobierno. Se trata de cuidar la jubilación propia, que puede quedarse sin financiamiento en el mediano plazo.

Páginas como estas, cuando son leídas en los libros de historia causan indignación y sorpresa. Nuestros hijos y nietos se preguntaran como no lo evitamos. Todavía estamos a tiempo.