Tres organismos estatales, la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General de la Nación y la Procuración del Tesoro, lograron desentramar la lógica perversa de la toma de deuda externa durante el gobierno de Mauricio Macri. Según la conclusión de esos informes, no se trató de la aplicación de una política económica que no dio los resultados esperados. Ni siquiera de decisiones erróneas; por el contrario, las decisiones consiguieron el objetivo buscado.

“De una reciente investigación de la Oficina Anticorrupción -basada a su vez en informes de la Auditoría General de la Nación- surge que existe una matriz en la gestión de la deuda externa durante el ciclo 2016-2019 que permite encontrar comunes denominadores cuya apreciación, desde una perspectiva de conjunto, enriquece el panorama general sobre el tema. Y posibilita, a la vez, robustecer la hipótesis de la existencia de ilícitos que no fueron sucesos aislados sino que respondieron a un plan criminal orientado a generar un descontrolado endeudamiento de la República en provecho de la especulación financiera”. Un documento de 15 páginas presentado por el procurador de Tesoro, Carlos Zannini, a la jueza María Eugenia Capuchetti, resume cómo fue que la Argentina desendeudada (según lo reconoció el propio ex ministro Nicolás Dujovne) ingresó en una espiral de endeudamiento que la “obligó” en poco más de dos años a recurrir al Fondo Monetario Internacional, sabiendo los condicionamientos políticos y económicos que ello significaba.

El documento presentado en la causa judicial por la toma alocada de créditos externos durante el gobierno de Cambiemos procura “aportar elementos de análisis que contribuyen a una interpretación de conjunto y contextual sobre el endeudamiento fraudulento al que se sometió a la República”.

La Auditoría General de la Nación contribuyó con su análisis y determinó que “los niveles registrados de endeudamiento del Gobierno y de superávit del balance comercial permitieron financiar en gran medida el déficit de la cuenta servicios, las rentas, la formación neta de activos externos de libre disponibilidad y la acumulación de reservas. Este resultado se enmarcó en un proceso en el cual se eliminaron las regulaciones de capital y requisitos en términos de permanencia, lo que tuvo como contrapartida el ingreso de capitales con destino a instrumentos en pesos (letras del BCRA) que arrojaron altos rendimientos en dólares y con un costo cuasi fiscal significativo».

¿Cuándo y cómo ocurrió eso? El proceso se inició apenas asumido el gobierno de Cambiemos. “El informe de la ejecución presupuestaria correspondiente a la Cuenta de Inversión del Ejercicio fiscal de 2016 detalla que el organismos de control comprobó que el endeudamiento gubernamental durante ese año financió la formación neta de activos externos de libre disponibilidad. Es decir que el mecanismo de malversación de la deuda pública asumida en fraude a los intereses de la Nación, mediante la formación de activos externos por operadores que previamente habían obtenido una rentabilidad desmesurada a través de la operatoria de las Lebacs ya estaba en marcha dos años antes de los hechos investigados en estos autos (la asunción de la deuda con el FMI)”.

El esquema se consolidó especialmente en el contexto de las elecciones de medio término, que Cambiemos ganó en lo que –hasta ahora- se suponía que había sido el mejor momento de su gestión. La realidad muestra otra cosa: durante el ejercicio 2017 la deuda pública aumentó casi dos billones de pesos, un 39,78 por ciento respecto de 2016, llegando a representar un 56,8 del PBI.

Esa situación trajo aparejados una serie de riesgos que, complotados todos juntos, causaron una implosión cuyos efectos aún perduran y se profundizan.

Uno de ellos es el “riesgo de moneda”, que se traduce en que más del 70 por ciento de la deuda está nominada en moneda extranjera en 2017. El otro es el “riesgo de jurisdicción”: el 45 por ciento de la deuda en manos del sector privado se encuentra bajo jurisdicción y legislación extranjera.

La AGN indicó que “el aumento del volumen de deuda y de la exposición a estos riesgos debieron ser evaluados previamente por las autoridades competentes dentro de una estrategia de endeudamiento comunicada al púbico».

Pasó todo lo contrario. El reporte consigna “inexistencia de una estrategia de endeudamiento, la cual conduce, en los hechos, a una sujeción a las propuestas de los mercados financieros, algo aceptado por el propio auditado”.

El documento judicial hace hincapié en el Bono del Siglo, la toma de fondos por un plazo de cien años, harto festejada por el establishment económico y exhibida por el gobierno de Macri como una muestra de la confianza externa en la Argentina neoliberal que suponía se iba a instalar definitivamente en este triángulo austral.

Sobre ese bono, el reporte explica: “debido a las características de la emisión, Argentina, al término de 12 años, ya habría devuelto el 100 por ciento del monto captado. A los 50 años, casi el 400 por ciento y al final de los 100 años ya habría repagado más del 900 por ciento del monto neto a recibir al inicio”. Dicho de otro modo, en 12 años se cancelará todo el préstamo recibido, pero los acreedores tendrán 88 años más de recibir intereses, a una tasa superior al siete por ciento mensual.

Pero además, del total del monto comprometido, la Argentina recibió menos dinero. ¿Cuánto menos? Lo explica el documento: “una diferencia de alrededor del diez por ciento, que se debe no sólo a que su colocación fue a descuento sino también a las comisiones y gastos involucrados en la operación, entre ellos 758.349 dólares de ‘gastos en expensas por el Estado Nacional’ que resultaron superiores a los límites de gastos de otros emisores soberanos de la región”.

El Bono del Siglo es, para la economía argentina, un negocio ruinoso.

Sobre esta base, la Procuración del Tesoro concluyó que “los entonces presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri; ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; ministro de Finanzas y luego presidente del Banco Central, Luis Caputo, y presidentes del Banco Central, Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris malversaron las sumas obtenidas mediante el préstamo Stand By del FMI”.

¿Por qué “malversaron? El documento precisa que “según el compromiso asumido con el FMI, las divisas provistas debían usarse para incrementar las reservas internacionales y su venta debía resultar muy limitada. Sin embargo, tales compromisos no fueron cumplidos en tanto las divisas obtenidas en el marco del préstamo Stand By fueron utilizadas como un seguro de cambio para aquellos fondos que invirtieron en pesos en el negocio de las Lebacs, obteniendo allí una rentabilidad inusitada, y terminaron consumiéndose en la formación de activos externos en divisas de libre disponibilidad”.

Del texto se desprende que se trató de una política deliberada de endeudamiento que posibilitó que muchos oportunistas oportunos se llenaran de dinero, lo sacaran libremente del país, dejaran tierra arrasada y el caldo de cultivo de una pobreza galopante y, además, condicionaran la vida política argentina para el próximo medio siglo, probablemente mucho más.

La causa a cargo de la jueza Capuchetti comprueba ahora, una vez más, que no hubo errores, ni hubo excesos; se trató, otra vez,  de un plan sistemático.