Por otra parte,  el juez Roberto Gallardo homologó hoy un acuerdo entre el Gobierno porteño, Lubertino y una organización de vecinos, en el marco de una causa iniciada a través de un amparo en donde se solicita tener acceso a la información sobre el plan de obras que se lleva adelante en el Parque Chacabuco para frenar las obras en el Parque Chacabuco.

Al respecto, Lubertino explicó que «el juez va a convocar una audiencia para escuchar a todos los involucrados, se supone que va  a ser antes de la feria judicial», tras lo cual resolverá la situación.

«Hubo una inspección ocular (de las obras que se desarrollan en el parque). Estuvimos tres horas recorriendo el parque, viendo cada una de las obras». Posteriormente, se acordó «que no se van a poder iniciar nuevas obras, hasta tanto el juez resuelva la causa».

La obra consta de cinco etapas, de las cuales la primera y la segunda están finalizadas y la tercera está en construcción, mientras que la cuarta y la quinta aún no se iniciaron.

Lubertino indicó que la administración de la ciudad «solamente podrá finalizar 3 metros de un sendero que ya tenían iniciado».

Por otro lado, la legisladora denunció que Macri «utiliza AUSA (la empresa concesionaria de peajes del Gobierno de la Ciudad) como la caja feliz para gastos superfluos e innecesarios. Utiliza el dinero de la recaudación de los peajes para las cuestiones cosméticas que quiere hacer. Cuando en todo el mundo se utiliza la recaudación de peajes para mejorar el transporte público».

Además, remarcó que lo hace a espaldas de la Legislatura. «Este es el modus operandi del PRO, es la misma situación en todos los espacios verdes», afirmó y agregó: «No respetan la estética inicial del Parque, porque se ha puesto cemento donde antes había senderos de pedregullo, y  han cambiado las luminarias».

Finalizó advirtiendo que los vecinos, que presentaron denuncias al respecto, «nunca tuvieron respuestas, ni de (el ministro de Espacio Público, Diego Santilli ni de nadie».

En el acuerdo se estipula que «el tribunal establecerá un mecanismo de participación apto a fin de que tanto los grupos que ya han participado como los aquí reclamantes tengan la posibilidad de expresar sus puntos de vista en cuanto a las etapas referenciadas en el punto anterior».