Desde la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del gobierno porteño, textualmente se ordena “ dar cuenta del hecho a las Direcciones de Area y General; concurrir inmediatamente a la comisaria de la jurisdicción del establecimiento, a efectos de denunciar la ‘situación de toma’, no denunciar personas.También  se ordena que en caso de registrarse daños materiales deberá, además de las actuaciones administrativas de rigor, requerirse la presencia de un escribano para que  labre las actas correpondientes. Por otra parte determina implementar aviso  a los padres de los alumnos, llamar al SAME y  dar aviso al Consejo de los derechos de los niños/niñas y adolescentes.Según se supo,  algunas comisarías se negaron a tomar denuncias.Desde UTE-CTERA, Eduardo López, secretario general, advirtió que los directivos no tienen que acatar el memo. “La única forma de resolver los conflictos es con diálogo o en los consejos de convivencia, no criminalizando”, opinó.Por su parte, Nancy Montes, investigadora principal del Área Educación de la FLACSO, consideró que “no hay una actitud de diálogo de parte de las autoridades educativas. En cambio, como ya hicieron en otras oportunidades, frente a la actitud de crítica de personal de las escuelas, las autoridades ministeriales optan por criminalizar la protesta y acusar a quienes reclaman el cumplimiento del derecho a condiciones dignas para que se pueda estudiar.”