El conflicto desatado por el Gobernador de Tucumán, José Alperovich y su interventor en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, Armando Cortalezzi, se originó cuando la Seccional Tucumán de la AB cuestionó la gestión gubernamental que intervino a la institución para disponer de ella a su arbitrio y disponer de sus fondos para cubrir el déficit provincial. Comenzó allí una política de persecución de la actividad sindical que se agravó con el despido de 36 jóvenes trabajadores por el sólo hecho de adherir a acciones gremiales.

Movilizado el gremio, y ante un paro nacional bancario, en 2013 el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dictó conciliación obligatoria, ordenando la reincorporación de los despedidos, medida que el Gobierno de Tucumán no respetó. En tanto, desde un primer momento, dirigentes de la Asociación Bancaria eran acosados por el Departamento de Inteligencia de la Policía de Tucumán (D2). El 13 de mayo p.pdo. la policía baleó con postas de perdigones e hirió a 22 bancarios que repartían volantes solicitando su reincorporación a la Caja.

Ante la gravedad de los hechos el Secretario General de la AB, Sergio Palazzo, y otros dirigentes nacionales se reunieron con el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, solicitando la intervención del Gobierno Nacional para encauzar el conflicto. Bancarios de todo el país cumplimentaron un paro de dos horas en protesta por la conducta terrorista de Alperovich.