El presidente uruguayo, José Mujica, firmará este jueves un decreto que habilitará la investigación de 88 casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura y que estaban amparados bajo la Ley de Caducidad.

De esta manera, el decreto anulará los actos administrativos dictados por otros gobiernos, que impedían investigar esa cantidad de casos de violaciones de derechos humanos bajo el amparo de la Ley de Caducidad, que permitió la impunidad de militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

El anuncio fue formulado hoy por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, a través de la web oficial, el día que se cumplen 38 años del último golpe de Estado.

La revocatoria de los actos administrativos, que la prensa uruguaya totaliza en 88, habilitará la continuidad de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura, pero será el Poder Judicial el que determine cómo seguirán las acciones para cada caso, o si corresponde o no desarchivar los expedientes, según explicó Breccia.

Además, el funcionario precisó que el decreto será emitido recién el jueves o el viernes «debido a que pueden existir situaciones particulares en las que los denunciantes prefieran no excluir sus casos».

También explicó que «se sustenta en la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó para el caso Gelman versus Uruguay, el cual dispone que el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación».

«Hemos estado trabajando en un análisis exhaustivo de la sentencia de la Corte Interamericana a los efectos de ir cumpliendo con lo que ésta dispone y en ese sentido estamos previendo tomar algunas decisiones que van en el sentido con respecto a incrementar las competencias de la Comisión de Seguimiento», señaló Breccia.

El funcionario también destacó que se trabaja en el resarcimiento económico a la familia Gelman, tal como fue sentenciado por la Corte.

La ley de Caducidad también fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en octubre de 2009 para el caso de Nibia Sabalsagaray, lo que llevó al procesamiento del primer militar en actividad por crímenes en la dictadura.

La norma fue aprobada en 1986 bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti y fue ratificada por dos plebiscitos, en 1989 y 2009, realizados ambos bajo condiciones que fueron muy cuestionadas.

El gobernante Frente Amplio intentó en mayo anular los efectos de la Caducidad mediante una «ley interpretativa» que pudo ser aprobada en el Senado pero fracasó en Diputados y generó una crisis en la coalición oficialista.