El proyecto de ley presentado por el diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde (abogado de la CGT), que estipula la participación de los trabajadores en las ganancias de las compañías, trajo, como lógica consecuencia, el fuerte rechazo de los sectores empresarios que manifestaron que tal proyecto «no tendrá viabilidad» en el Parlamento.Lo cierto es que la cuestión se ha puesto en debate, no solo en el Congreso de la Nación, sino, en la sociedad argentina toda y que el PDC tiene mucho que decir al respecto. Es por ello que el IMSCA y la Escuela “DAR”, habrán de remitir varias notas referidas al tema que por cierto, está profundamente arraigado en el pensamiento socialcristiano.En esta primera entrega, trataremos de situarnos en la materia, a partir de la DECLARACION DE PRINCIPIOS del PDC (Cap.V, p.3) que nos dice: “Los bienes materiales son necesarios para la subsistencia y el progreso humano, por lo cualdeben estar al alcance de todos. Ni ellos, ni los elementos que les sirvan de fuentes (naturaleza, trabajo y capital), constituyen fines en sí mismos, unos y otros son bienes instrumentales, que en conjunción y armonía de todos los bienes sociales elaboran el ordenamiento del bien común.El orden social exige producción abundante y racional, distribución equitativa, consumo suficiente, previsión y asistencia. Nada de éstos es posible sin la labor humana. De ahí, la eminente dignidad del trabajo, que en el orden material es el factor primero de la economía y cuyo valor ético es el de representar, en sus diversas formas, la participación consciente en el plan providencial de la creación, siempre fluyente.En el proceso económico y en la relación al capital (privado o estatal) ha de ocupar una posición preferente el trabajo (intelectual, manual o mixto) no como un atributo de clase, sino como un tributo de la persona en beneficio propio y común.La concepción del trabajo como una mercancía, lleva a la degradación y explotación de los trabajadores; inversamente, el considerar a todo capital como producto de fraude, conduce a la denigración y al despojo indiscriminado de los propietarios y a extenuar la base material de la economía.No hay razón valedera para oponer ambos factores, naturalmente destinados a lacomplementación a la solidaridad.La lucha de clases es errónea en sus fundamentos, injusta en sus medios, egoísta en sus fines y desastrosa en sus resultados. La opresión capitalista y la dictadura proletaria, son distintas formas de privilegio y despotismo.El capitalismo ha aportado progresos técnicos y económicos, pero el individualismo y el materialismo que impregnaban la sociedad, lo han llevado a subordinar las normas morales a la finalidad de lucro, a convertir la libre contratación en una desalmada selección de fuerte y débiles y a pretender la perpetuación de su doble estructura de empresarios y asalariados, divididas en dos mandos impenetrables entre sí.El sistema capitalista tal como se ha presentado históricamente, está concluyendo su ciclo y debe ser superado por medio de una reforma sustancial y progresiva dentro de cauces legales. Para ello no pueden servir los regímenes paternalistas porque mantienen a los obreros bajo una tutela permanente, mediante un juego legal de protecciones y restricciones y la periódica concesión de mejoras que no evitan el predominio patronal; tampoco los estatismos demagógicos, porquereducen el problema a la simpleza de hacer ricos a los pobres y viceversa, para la cual instauran una parodia de lucha de clases, impulsando a los trabajadores hacia conquistas económicas insaciables, hacia las contiendas partidistas, las posiciones políticas y los recursos burocráticos.Unos y otros eluden la cuestión y son en definitiva explotadores políticos de la necesidad y conservadores del régimen del salariado, que si bien no es injusto en sí mismo, no satisface ya todas las aspiraciones humanas ni da solución al profundo malestar social imperante, que a más de económico, es una cuestión de dignidad herida y de justo anhelo de superación. Es indispensable una franca evolución de la situación actual sobre la base de las siguientes orientaciones fundamentales: a) ordenamiento y regulación de la producción de acuerdo a lasnecesidades del consumo; b) subordinación del lucro a la moral y al bien común; c) primacía del trabajo, en todas sus formas, sobre el capital, con reconocimiento de la función social de éste y la necesidad de la marcha armónica de ambos; d) la empresa libre y privada (individual, familiar, comunitaria o cooperativa) debe ser la forma normal de la vida económica. Las empresas estatales deberán seguir también las orientaciones señaladas precedentemente.Todo ello se realizará mediante la intervención gradual de empleados y obreros en la comunidad de trabajo de la empresa y a través de su progresiva participación en las utilidades y gestión de la misma, hasta llegar a un régimen societario de copropiedad y cogestión, en el cual el trabajo organizado se integra con la administración de la empresa.Trabajo organizado y administración colaboran así como un todo indivisible y no como dos campos opuestos; todo ello, sin desmedro de la indispensable autoridad de decisión y unidad de comando de la administración.Además, en la tarea de evitar la especulación y preparar el camino hacia experiencias asociativas y comunitarias, se hace necesario fomentar mediante diversos arbitrios las cooperativas, los comités de iniciativas, las organizaciones de cogestión, las comunidades de trabajo y todas aquellas reformas que permitan llegar a la realización de una economía humanista.La justicia reclama, igualmente, satisfacer la aspiración de todos los individuos y clases sociales a la posesión y al disfrute de los medios económicos necesarios o convenientes a su bienestar y felicidad, especialmente la tierra laborable y la vivienda urbana y rural. Es derecho de las personas y familias, tener en propiedad tales bienes y disponer de ellos con exclusión de los demás particulares, de la sociedad y del Estado. Pero hay que recordar también que la propiedadprivada, si bien es como una extensión de la persona y una condición de su perfeccionamiento, engendra por otra parte, obligaciones sociales a cargo de los propietarios, las cuales deben ser reglamentadas por el Estado con miras al uso prudente y justo de las cosas que son objeto de ese derecho.En la medida que la técnica lo haga posible será preciso restaurar la pequeña propiedad y la pequeña empresa, haciéndolas a la medida del hombre. El campo en sus explotaciones agrícolas y ganaderas, representa sin duda la más importante fuente de riqueza del país; es necesario asignarle todo el enorme valor que tiene en nuestra economía nacional, mejorando en todos sus aspectos, las actuales condiciones de vida, comodidad, cultura, producción y trabajo medianteadecuadas medidas impostergables consagrando el acceso a la propiedad de los campesinos, en explotaciones del tipo familiar y la redención del proletariado rural.El Estado debe en el mundo económico contemporáneo hacer los planes generales y señalar las grandes líneas de la política económico-social. Tiene que tener también en sus manos, los controles superiores de la vida económica para mantener una moneda sana y un crédito que estimule o desaliente, pero sin intervenir en el proceso mismo de la producción. Mediante el poderimpositivo redistribuye las rentas justicieramente, pero teniendo especialmente cuidado de las exigencias de la justicia social y del proceso de capitalización. En la medida que se requiera y con carácter de excepción, El Estado controla o toma a su cargo ciertas actividades básicas que pueden causar un gran daño público en manos privadas, sea por su valor estratégico o por sus incidencias sobre la población, sea por insuficiencia de la iniciativa privada o por el podereconómico y político que importen. Circunstancialmente puede establecer controles secundarios para defender al pueblo contra el monopolio y la explotación.Entretanto y mientras no se llegue al nuevo ordenamiento que preconizamos, urge adecuar el salario a las necesidades vitales del trabajador y su familia, atendiendo también a su capacidad real de producción. Dicha política de salarios deberá ser completada por la estabilidad y seguridad social contra el paro, la enfermedad, la vejez, la cesantía, el fomento de la vivienda digna, la creación de ritmos y marcos humanos para la vida trabajadora y la educación progresiva para lasresponsabilidades que comporta el nuevo mundo de la Economía Social hacia el que avanzamos.La libertad y la justicia deben encontrar la síntesis en una economía social orientada al consumo, a través especialmente del mercado. Esta economía con sentido social debe tender a aumentar la producción contemplando las necesidades y aspiraciones del pueblo dentro de un sano espíritu de justicia, superación y competencia. Mediante el incremento de la riqueza, procura las basespara lograr una elevación material del pueblo y una más justa distribución de los bienes, excluyendo cualquier clase de monopolio.