El dictamen del magistrado incluye el avance sobre el arbolado público, pese a la prohibición impuesta por otro magistrado para no reducir espacios verdes en la zona.

El rechazo fue difundido a través de  una conferencia de prensa en la Legislatura porteña, donde estuvieron presentes vecinos entre los cuales se encontraron los que encabezaron la presentación de amparos judiciales contra la obra.

Los vecinos aseguraron que la ejecución del Metrobus que realizará el gobierno de Mauricio Macri demandará una inversión de 8 millones de pesos por cada parada de colectivos que se instale.

Puntualmente, los vecinos manifestaron su rechazo a la decisión del juez Fastman, quien asumió al frente del Juzgado en lo Contencioso 14 hace trece días.

El magistrado emitió ayer una resolución en la cual desestimó los pedidos efectuados en los amparos y dio luz verde al Ejecutivo local para «reiniciar» las obras sobre la tradicional avenida.

En su fallo, Fastman negó el pedido de los amparistas para designar a expertos de la Universidad de Buenos Aires como órgano de supervisión de las tareas sobre el arbolado y determinó que queden a cargo de esa función el Jardín Botánico, la Reserva Ecológica Costanera Sur y la Agencia de Protección Ambiental, todas dependencias del Gobierno porteño.

Además, dio un plazo de 20 días al Ejecutivo para que «acredite con las constancias pertinentes las medidas concretas que haya adoptado o fuese a adoptar para mitigar las reducciones proyectadas en la traza de la 9 de Julio».

«Es un fallo ilegal, tomado de manera unilateral», aseveró el abogado Pedro Kesselman, quien participó de la rueda de prensa junto a Enrique Viale, Nidia Marinaro, de Propamba, Mónica Capano y el arquitecto Rodolfo Livingston.

Viale, uno de los abogados que presentó un recurso de amparo contra el Metrobus, el fallo de Fastman, «contradice lo determinado por el juez Guillermo Scheibler semanas atrás, cuando -como subrogante- habilitó al Gobierno porteño a proseguir con las obras del Metrobus pero con restricciones».

Entre las observaciones, Scheibler ordenó abstenerse “de reducir la superficie de espacios verdes parquizados” en el marco de las obras y exigió que para reiniciar las intervenciones sobre el arbolado público acredite «la idoneidad del personal para hacer los trabajos y que presente al tribunal los antecedentes del profesional a cargo».

Con este escenario, los ambientalistas anticiparon que el miércoles próximo harán una presentación para recusar al juez Fastman y adelantaron que evaluarán la posibilidad de pedir un «juicio político» al magistrado por tomar «una decisión de tremenda gravedad institucional».

Facundo Di Fillippo, también amparista y ex legislador, opinó que «hay una clara vocación de Macri de querer pasar a la historia con una gran obra, pero destrozando la avenida 9 de Julio al mejor estilo Osvaldo Cacciatore», en referencia al intendente de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar.

En sintonía, el legislador Adrián Camps, sostuvo que la obra del Metrobus «es un negociado de 166 millones de pesos, ocho por cada estación, con la que Macri intenta tener publicidad por una obra faraónica, pero que da vergüenza cuando hay en la Ciudad de Buenos Aires lugares de carencia absoluta».

Por su parte, el diputado porteño Alejandro Bodart comentó la presentación de un proyecto de ley de modificación a la norma que dio origen al Metrobus, en el cual propone que la traza no vaya sobre avenidas o calles bajo las cuales circulen líneas de subte, tanto las actuales como las proyectadas.