Esa información que surge del archivo periodístico es también destacada por legisladores opositores al oficialismo porteño como Aníbal Ibarra quien, en diálogo con Télam, remarcó que “la represión de la Metropolitana en el Borda no fue ninguna sorpresa después de ver su accionar en el Indoamericano y en el Parque Centenario”.

“Mauricio Macri no tuvo ningún inconveniente en usar la metro en la forma que lo hizo porque la armo con mucha gente que siente placer al reprimir de la forma que lo hizo y esta formada para eso”, remarcó Ibarra en referencia a las la capacitación de muchos integrantes de la policía porteña en la Escuela de las Américas.

“Tampoco puede olvidarse el caso de (Jorge `Fino´) Palacios y Ciro James”, sostuvo el legislador del Frente Progresista Popular, en referencia a la ya añeja decisión del alcalde porteño de nombrar al frente de la policía al ex Policía Federal involucrado con el desvía de la investigación de la causa AMIA.

El primer episodio violento que expuso los métodos de la Policía Metropolitana -creada en octubre de 2008- fue el operativo realizado en el barrio porteño de Villa Soldati en diciembre de 2010, para desalojar el Parque Indoamericano que había sido tomado por familias con problemas habitacionales y que dejó como saldo tres muertos y decenas de heridos.

Otro hecho similar fue la represión en 2012 contra vecinos de la Villa 31 de Retiro, en su mayoría mujeres y menores, que manifestaban en reclamo de una vivienda digna y de asistencia social por parte de las autoridades de la Ciudad.

Más reciente fue la represión en enero de este año contra vecinos y puesteros que se oponía al enrejado del Parque Centenario con golpes y disparos de balas de goma.

En esa oportunidad, el accionar de la Policía Metropolitana también incluyó ataques a la prensa en los que un cronista de la Televisión Pública recibió dos impactos de bala de goma en la cintura.

Por otra parte, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad de Buenos Aires señaló en su informe de 2011 que “el caso paradigmático de gatillo fácil de la Metropolitana es el del agente Enzo Alvarez, quien -vestido de civil- asesinó al joven de 25 años Bruno Pappa de un disparo en la cabeza, el 8 de septiembre en la intersección de las calles Concepción Arenal y Lemos de la Ciudad”.

Ese hecho se sumó al sucedido en la localidad de Avellaneda, el 15 de agosto de 2011, en el que el efectivo David Barrios, de esa fuerza, vestido de civil, asesinó a Rodrigo Romero, de 16 años, y Jesuán Ariel Marchioni, de 23, en el interior de un colectivo de la línea 79: de las primeras pericias surgió que el policía fue la única persona que disparó, descartándose la existencia de un tiroteo.

«Los hechos nos llevan a inquietarnos en torno a qué tipo de agentes se encuentra adiestrando, entrenando, capacitando y formando la Policía Metropolitana. El caso de Barrios es totalmente ejemplificativo, en tanto resulta ser egresado de la `primera promoción` de cadetes, por lo que es el primer resultado obtenido de la enseñanza impartida por el Instituto Superior de Seguridad Publica”, señaló el informe del ODH.

Otro de los cuestionamientos recibidos por la Policía Metropolitana es la formación de muchos integrantes de la fuerza porteña que han sido enviados a estudiar a la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) en El Salvador, una escuela financiada y dirigida por el Gobierno de Estados Unidos.

Esa escuela es considerada por Organismos de Derechos Humanos internacionales como una nueva Escuela de las Américas, instituto símbolo del terrorismo de estado en Latinoamérica.

Al respecto, un informe del ODH denunció que «el curso sobre terrorismo internacional, contrabando trasnacional y narcoterrorismo, ofrecido por la ILEA refería a delitos ajenos a las competencias de la Policía Metropolitana».

También denunció el reglamento de conducta y disciplina establecido en junio de 2010 para los cadetes que cursan el ingreso a la Policía Metropolitana porque «refuerza la concepción de espíritu de cuerpo, obediencia debida y militarización».

Los futuros policías en el aula «deben responder a las preguntas que se formulen, de pie, en posición de `firmes´ al costado del banco; deben afeitarse diariamente en el horario que se les asigne, no deben realizar reuniones en los baños, no pueden sentarse ni acostarse en los dormitorios fuera del horario establecido y pueden ser sancionados por tener el pelo largo o por presentar recursos colectivos».

En tanto, el CELS denunció que “la selección de sus funcionarios estuvo plagada de irregularidades debidas al traspaso de un grupo de la Policía Federal a la Metropolitana».

«El 83% de los cargos jerárquicos está ocupado por ex policías federales y de ese grupo, alrededor del 80% comenzó sus tareas en la Federal en la década de 1970, la mayor parte en comisarías de la ciudad”, añade el CELS.

El centro de estudios agrega que “a fines de 2010, la Policía Metropolitana reclutó a varios de los oficiales de la Federal que por distintas causas el Ministerio de Seguridad pasó a retiro y que “de los 52 altos mandos, incluidos los cuatro superintendentes de la fuerza, el 73% (38 agentes) tuvo actuación en fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar”.

Por su parte el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad señaló en 2009 que “la única expresión respecto de las acciones concretas en las que se estaba trabajando fue la creación de un cuerpo `antipiquetes`, es decir, la represión de una expresión política pero no de una actividad delictiva”.

Otro hecho denunciado en 2010 por el Observatorio fue la autorización del jefe de gobierno porteño al ministro de Seguridad a adquirir para uso de la Policía Metropolitana las pistolas Taser, al mismo tiempo Macri vetaba la ley que creaba un Comité de Prevención de la Tortura en la Ciudad.