Por ese motivo está siendo analizada por los legisladores macristas, la posibilidad de recurrir al Tribunal Superior o apelan el fallo.

Días atrás, y ante las faltas reiteradas de los testigos citados, el presidente de la Comisión Investigadora, Martín Hourest, y la secretaria, Gabriela Cerruti, recurrieron a la justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario para poder contar con una herramienta legal que les permita garantizar la comparecencia de los testigos.

A partir del fallo del juez Gallardo en el que se ordena la asistencia judicial a la comisión, los testigos podrían ser llevados a la Legislatura con la fuerza pública. Ante esta resolución judicial, y cuestionando los mecanismos empleados por las autoridades de la comisión, los legisladores del PRO analizan diversos caminos judiciales contra el fallo del magistrado porteño.

“Hicieron lo mismo que los Kirchner con  Oyarbide, fueron a buscar al juez amigo. No fueron a sorteo. Se presentó un señor diciendo que era gestor de negocios en representación de Hourest y Cerruti. Me parece que la decisión de judicializar la comisión no es adecuada. Parece más una operación política que un fallo judicial. Estamos analizando que medidas tomamos”, comentó el legislador del PRO y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, Martín Ocampo.

“A nosotros nos parece que no es la forma acudir al juez amigo. Los planteos se discuten previamente en la comisión, no se hacen posteriormente en una reunión sin temario, a los empujones y sin respetar las reglas del sistema parlamentario. Hourest se presentó en nombre de la comisión, competencia que no está establecida en el reglamento de la comisión”, agregó.

Los 5 legisladores del PRO que integran la Comisión Investigadora y el presidente de la Comisión de Justicia, Gerardo Ingaramo, se reunirán para establecer qué camino tomarán ante el fallo del juez Gallardo.

Tienen dos posibilidades, apelar  el fallo y para ello cuentan  con 5 días partir del dictado de la resolución o plantear un recurso extraordinario de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, el cual no requiere tiempo límite,  y podría ser presentado una vez se realicen las citaciones por medio de la Justicia.

Uno de los puntos que se cuestionarían en el caso de apelar la sentencia sería el que corresponde a la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de la resolución 263/08 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad (la que establece el sistema del accionar judicial fuera del horario hábil, ya que al entender de los PRO, para tomar dicha decisión el juez debería haber corrido vista al fiscal, cosa que no se habría hecho. “Existe la posibilidad que el propio fiscal apele el fallo, pero lo haga o no, nosotros estamos analizando opciones”, dijeron.

Para el caso de recurrir al Tribunal Superior, el PRO podría plantear la inconstitucionalidad del fallo fundamentando su acción en impugnaciones a la resolución de Gallardo en lo referente a las facultades que se otorga.

“En el fallo, Gallardo dicta un reglamento, pero el juez no es competente para dictar un reglamento de una comisión legislativa, el que cita es la Secretaria y en el fallo él se auto fija la facultad de citar, excede el marco de la colaboración de la comisión con funciones extraordinarias”, remarcó Ocampo, reconociendo que en el hipotético caso que el máximo tribunal porteño resuelva a favor del planteo del macrismo, lo hecho por la Comisión sobre la base del fallo del juez Gallardo “podría ser hasta nulo”.

“Políticamente nosotros no tenemos ningún problema, los funcionarios del PRO van a ir a declarar. Ninguno de nuestros funcionarios va a venir por la fuerza. Andrés Ibarra dijo que irá. Ninguno de los funcionarios de la Ciudad dijo que no iba a ir. El Fiscal General, Germán Garavano tiene unas razones de orden jurídico que son atendibles. Tal vez, podría declarar por escrito. En el caso de Agustín Gamboa no sé, son decisiones personales. Habrá que ver si vienen o no vienen cuando se los cite de vuelta”, aclaró Ocampo

“No se como van a citar a los funcionarios de la SIDE o de la Policía Federal. En líneas generales no nos parece irrazonable buscar otro camino para lograr la presencia de testigos, pero no de esta forma. Cuando nosotros planteamos que el Código Procesal Penal fuera supletorio era por estas cosas. En cada caso particular se le debería solicitar la intervención a la Justicia, pero hicieron algo general”.

Con respecto a la presencia del bloque del PRO a las reuniones, aclaró  “Nosotros vamos a presentarnos hoy Martes), porque hay citados que no confirmaron su ausencia. Y como habíamos quedado el viernes, la Comisión se reúne cuando hay testigos que no confirmaron que no asistirán. El lunes no fuimos porque todos los citados habían confirmado que no iban, la Secretaria nos comunicó que nadie iba. Hoy vamos a ir por si algunos testigos van”.

La reunión de la Comisión estaba convocada para las 11 de la mañana. A las 12.30, la gran mesa ubicada en el centro del Salón Montevideo aún se encontraba vacía.