El Gobierno Nacional promulgó el «Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte» para promover «el juego limpio y la protección de la salud de los que participan en las competencias».

La ley 26.912, sancionada el 13 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial, advierte que «las federaciones deportivas nacionales deben aceptar estas normas antidopaje e incorporarlas directamente o por referencia en sus estatutos y reglamentos como parte de las normas deportivas».

Asimismo en su artículo cuarto, la norma sostiene que las obligaciones de los atletas son «estar informados de las disposiciones y normas antidopaje aplicables adoptadas de acuerdo al Código Mundial Antidopaje y cumplir con ellas; estar disponibles para la toma de muestras; ser responsables, en el contexto del antidopaje, por lo que ingieran o usen».

También, «informar al personal médico de su obligación de no usar sustancias o métodos prohibidos y asegurarse de que cualquier tratamiento médico recibido no infrinja las normas antidopaje adoptadas de acuerdo al Código Mundial Antidopaje».

«La determinación por parte de la Agencia Mundial Antidopaje de las sustancias y los métodos prohibidos», dice la ley, «son definitivas y no pueden ser cuestionadas por ningún atleta u otra persona basándose en el hecho de que la sustancia o método no es un agente enmascarador, no tiene el potencial de mejorar el rendimiento deportivo, no representa un riesgo para la salud o no vulnera el espíritu deportivo».

La norma incluye la sanciones a las que deberán ser sometidos los deportistas que utilicen sustancias o métodos prohibidos, que puede llegar a 4, 8, 10 años o «de por vida» para el caso de reincidentes de infracciones graves, como el tráfico o administración de productos vetados.

En este marco, también, se crea «la Comisión Nacional Antidopaje, que actuará en el ámbito de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social».