La política fiscal es un mecanismo importante para impulsar el desarrollo nacional con justicia social, redistribuir el ingreso, promover la generación de empleo decente, y fortalecer la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Dicha política no ha cumplido en Guatemala sus fines en virtud de su falta de progresividad, ineficiencia y absoluta  solidaridad con los sectores empresariales. Lo cual se releja en la persistencia estructural de la precariedad de las condiciones de vida de por lo menos el 80% de la población. En ese orden de ideas,  la ineficiencia de la actual política fiscal requiere de una reforma estructural que tenga como objetivo un cambio sustancial en la estructura del sistema impositivo y en la orientación del gasto social para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdos de Paz en cuanto a que la política fiscal promueva la progresividad global, tanto por el lado del ingreso como del gasto, es decir que quien tiene más pague más y quien tiene menos pague menos y reciba más gasto público social. El MSICG considera que los problemas estructurales de nuestro déficit fiscal no se solucionaran con la creación de nuevos impuestos temporales que abren la posibilidad de que los mismos sean trasladados a la población, de generar problemas para su control y de permitir en la práctica su evasión o elusión.  Esta solución temporal solamente contribuye a mantener y recrudecer las condiciones que han dado origen al déficit actual e incrementa el castigo a la población a la cual ni siquiera se le garantiza un ingreso equivalente al costo de la canasta básica vital. En ese sentido y tomando en cuenta que existe en el país tal y como se muestra en Los Acuerdos de Paz y en el Pacto Fiscal un consenso en cuanto a que es necesario adoptar una política fiscal progresiva, eficiente y solidaridad con los menos favorecidos para que contribuya al desarrollo y justicia social, el MSICG presentó al Congreso de la República el 18 de enero de 2010 una propuesta integral mínima y urgente de reforma fiscal basada en lo siguiente:La eliminación de todas las exenciones, exoneraciones, incentivos fiscales y privilegios de que gozan determinados sectores minoritarios los cuales se encuentran establecidos en las leyes del país. Teniendo en cuenta las prioridades de Gasto social establecidas en los Acuerdos de Paz y el Pacto Fiscal se solicita la instalación de una Comisión integrada por miembros de la sociedad civil  con el objeto de que esta sea un instrumento para garantizar  durante el año 2010 la eficiencia del programa de gasto público el cual debe obedecer a criterios de progresividad, eficiencia y solidaridad focalizado en la población históricamente excluida. La instalación en un plazo no mayor de 2 meses de una comisión integrada con la sociedad civil cuya función principal será preparar las propuestas de iniciativa de ley  y políticas necesarias para garantizar la transparencia del gasto público, tomando como pilares, las sugerencias realizadas por el Grupo Promotor del Dialogo Social. Fortalecer la tributación directa, reformando integralmente el impuesto sobre la renta, subsanando la dependencia de los impuestos mínimos  y corrigiendo debilidades en materia de equidad horizontal y vertical.  TODO ELLO EN BASE A LA PROPUESTA DE LA INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL MSICG Y QUE ESTA EN CONSONANCIA CON LO PLANTEADO POR EL GRUPO PROMOTOR DEL  DIALOGO FISCAL. Finalmente, para resolver el déficit fiscal para el año 2010, el MSICG estaría dispuesto a discutir la creación de nuevos tributos o la ampliación de los existentes siempre y cuando se den pasos concretos en los tres elementos fundamentales de nuestra propuesta, que dichos impuestos no sean susceptibles de ser trasladados a la población, que no afecten los satisfactores de sus necesidades básicas y que los recursos provenientes de los mismos se les establezcan fines específicos sin la posibilidad de ser transferidos.