Se trata así de garantizar la inclusión en todas las instancias del programa y de abatir problemas de rezago y deserción de las actividades académicas y/o de capacitación en las que los beneficiarios se hubieran inscripto.  Se inscribieron más de 20.000 jóvenes en Entre Ríos. Se aprobaron ya 7.092 solicitudes. 4.643 jóvenes ya comenzaron a cobrar el beneficio. Los 2.600 restantes lo harán apenas acrediten los datos escolares. Por otro lado 7.543 están en proceso de vinculación de datos mediante Anses, la unidad operativa Progresar y el Registro Civil.  A diferencia de los sistemas de tutorías tradicionales, el proyecto de “Red Provincial de Tutores Solidarios del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar)”, pretende no sólo el acompañamiento de la faz educativa, sino que plantea un sistema de monitoreo y apoyo integral de los jóvenes que accedan al programa a fin de que estos puedan cumplir con sus objetivos, a partir de la articulación interinstitucional y un trabajo intersectorial a nivel local.  Las tutorías solidarias consisten en mantener a los jóvenes entrerrianos dentro del programa con la finalidad de abatir problemas de rezago y deserción de las actividades académicas y/o de capacitación en las que se hubiera inscripto.  De esta manera, el gobierno entrerriano, persuadido en que el desafío consiste en la inclusión social, educativa y laboral de nuestros jóvenes, no sólo recorre la provincia para detectar a jóvenes que estén en condiciones de sumarse al programa -a través de la Unidad Operativa Provincial del Progresar- sino que también, mediante la intervención de la Red Provincial de Tutores Solidarios, quiere asegurar que los jóvenes entrerrianos se mantengan dentro del programa, ayudándolos, mediante su seguimiento y acompañamiento a que terminen la escuela y/o completen su formación básica profesional para integrarlos al mercado de trabajo para contribuir al crecimiento y desarrollo de la provincia y el país.  El programa Progresar  El Progresar está destinado a jóvenes entre los 18 y 24 años que trabajan o están desempleados pero cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo, con el objetivo de que inicien o completen estudios formales o de alguna especialidad, y se enmarca en la línea de otros programas implementados por el Gobierno Nacional en los últimos años para reducir los índices de pobreza y excusión social.