Los diputados nacionales Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Adriana Puiggrós (FPV) presentaron un proyecto de ley para garantizar la escolaridad obligatoria y el acceso a la educación de  todas las personas privadas de su libertad. Se trata de una iniciativa enmarcada en el Acuerdo para la Seguridad Democrática y busca generar condiciones eficaces para la readaptación de los internos. En este sentido, el diputado Gil Lavedra, asegura: “Estamos convencidos de que el acceso irrestricto a la educación en las cárceles no sólo impactará en forma favorable sobre las personas privadas de su libertad, sino que generará efectos beneficiosos para la sociedad, que finalmente debe soportar las consecuencias de lo que sucede, o no, al interior de los establecimientos penitenciarios.” Según él “la situación actual demuestra la necesidad de una reforma que revierta esta tendencia y avance en la creación de un sistema penitenciario que facilite la reinserción social de los internos, brindándoles la posibilidad de educarse y capacitarse para el futuro”.Asimismo el legislador radical destacó que “el proyecto pretende estimular el interés de los internos por el estudio permitiéndoles mejorar su situación procesal, a partir de sus logros académicos, premiando su esfuerzo e incentivando al resto a seguir su ejemplo. Y al mismo tiempo, busca otorgar mayor visibilidad a la implementación del plan educativo y favorecer el control por parte de la sociedad civil y el poder judicial. Nuestra intención es que en el plazo de dos años, todos los establecimientos del sistema penitenciario cuenten con los espacios y programas de estudio necesarios”, aseguró.Las experiencias de este tipo que se llevaron adelante indican que la enseñanza y capacitación en las cárceles disminuye sensiblemente el nivel de reincidencia y aumenta las posibilidades de reinserción social. El Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, informó en 2007 que sobre un total de 50.980 internos, únicamente 23.599 habían completado su educación primaria y sólo 2.594 tenían el secundario completo. Mientras que los internos con estudios primarios incompletos ascendían a 11.410 y 2.910 no habían recibido ningún tipo de instrucción. Asimismo, el informe señaló que 24.525 internos no tenían oficio ni profesión y que 36.801 internos no participaban de ningún programa de capacitación laboral. La ley 24.660 ya lleva 14 años de vigencia y no ha cumplido con sus objetivos en materia educativa. Si bien la ley vigente reconoce estos derechos, no existe la infraestructura necesaria para garantizar su efectivo cumplimiento. Esta situación genera que miles de presos no tengan la posibilidad de acceder a una educación, que les permita empezar a cambiar su historia personal. Según el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el nivel de reincidencia supera ampliamente el 40 por ciento entre reincidentes y reiterantes. Sin embargo, la  situación se modifica sensiblemente en aquellos establecimientos donde existen programas educativos. En este sentido, la iniciativa destaca el programa que, hace más de veinte años, funciona en la cárcel de Villa Devoto y ha llevado la tasa de reincidencia de los internos que asistieron a cursos universitarios a niveles inferiores al 3 por ciento. El proyecto lleva las firmas de los diputados Oscar Aguad, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra, Horacio Alcuaz, Adriana Puigross, Miguel Bonasso, Raúl Enrique Barrandeguy,  Gerónimo Vargas Aignasse, Stella Maris Leverberg, María Inés Piltatti Vergara y Viviana Mónica Damilano Grivarello.