El diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda Nicolás del Caño presentó su proyecto de creación de un Plan Nacional de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres.

La iniciativa de la izquierda se da en el marco de una intensa campaña contra los femicidios y la violencia machista, sintetizada en la consigna “Ni Una Menos”, que hoy recorre las redes sociales y va en vías de constituirse en la mayor demostración pública de repudio a la violencia contra las mujeres con la jornada que tendrá lugar este miércoles frente al Congreso Nacional y en todas las provincias del país.

El proyecto sostiene que pese a las alarmantes estadísticas difundidas por diversas organizaciones, la Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres sancionada en 2009 “no garantiza una respuesta inmediata para las víctimas”. También, destaca que a seis años de su sanción, la Ley sigue sin contar siquiera con el presupuesto indispensable para que pueda ponerse en ejercicio la protección de las mujeres, mientras todavía hay provincias que ni siquiera la han implementado.

“Esto deja a las mujeres que son víctimas de la violencia machista en un total desamparo, más aún a las que no tienen los medios económicos y materiales que mínimamente son necesarios para encontrar una salida a la situación, ya vulnerable, en que se encuentran”, afirmó Del Caño en declaraciones a la prensa.

El diputado y precandidato presidencial del PTS-FIT también destacó que el proyecto encuentra su fundamento en que “los femicidios son sólo el último eslabón de una larga cadena de violencias contra las mujeres, que se legitima y reproduce permanentemente desde el Estado y sus instituciones”, y recordó que en Argentina son más de 300 las mujeres que mueren al año a causa de los abortos clandestinos, mientras 600 mujeres y niñas han desaparecido en la última década a manos de las redes de trata para la explotación sexual y al menos la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen en condiciones de precarización y flexibilización laboral.

“Por eso nos movilizaremos este 3 de junio y ponemos nuestras bancas en el Congreso para que sean vehículo del reclamo de las víctimas que aún son sobrevivientes, así como de aquellas que se levantan y organizan para conquistar estos derechos, todavía postergados”, sostuvo Del Caño.

Del Caño también explicó que el proyecto presentado por la izquierda propone la creación de un Plan Nacional de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres, que incluye un régimen de subsidios a las víctimas desde los 16 años de edad y establece que los mismos podrán ser percibidos durante todo el tiempo en que las solicitantes se encuentren fuera de sus lugares de residencia, “y/o hasta tanto consigan insertarse o reinsertarse laboralmente”, cobrando el mismo salario de 10 mil pesos que hoy percibe cualquier trabajador o trabajadora “Nivel D” de la Administración Pública Nacional.

La iniciativa del FIT también propone “la creación inmediata de refugios transitorios y un plan de vivienda a corto plazo, basado en la creación de impuestos progresivos a las grandes fortunas y corporaciones inmobiliarias”, sin necesidad de denuncia previa. Junto con esto, el proyecto reconoce a las víctimas de la violencia machista el derecho a solicitar al Banco de la Nación Argentina el beneficio de “créditos a tasa cero”, para poder adquirir “su vivienda única y familiar”.

Además, tras destacar de la situación que viven millones de trabajadoras que también son víctimas de la violencia machista, la izquierda promueve la creación de un régimen de licencias laborales para las víctimas que tienen empleo, “ya sea que se desempeñen en ámbitos estatales, públicos y/o privados, bajo el régimen de contratos, en calidad de planta permanente, autónoma o de cualquier otra forma de empleo registrado o no registrado”. En síntesis, el proyecto establece que todas ellas tendrán derecho, desde el momento de su sanción, “a licencias laborales con goce de haberes”, sin que sea necesaria ninguna otra presentación o denuncia y garantizando a las trabajadoras “la percepción de la totalidad de su salario”, así como de todos sus derechos sociales.

Otro punto novedoso del proyecto es el que propone la creación de un régimen “de licencias y pases educativos”, orientado a todas las estudiantes de todos los niveles que sean víctimas de violencia. Según el texto presentado este lunes, todas ellas deberán tener derecho “a licencias en la cursada presencial” y a acceder “inmediata y consecuentemente” a continuar sus estudios bajo la asistencia de maestras/os, docentes o profesores/as a domicilio.

Entre otras cosas, el proyecto también reconoce el derecho de las mujeres a acceder de manera gratuita e inmediata al asesoramiento y la intervención de equipos interdisciplinarios especializados en la prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia, compuestos por personal designado por las universidades públicas nacionales, y establece que una vez sancionada “el Estado Nacional deberá garantizar todos los medios necesarios para la promoción de campañas de difusión masivas” del Plan Nacional de Emergencia en Violencia contra las Mujeres.