En su última gira a Dubai, la presidente Cristina Kirchner se refirió a la necesidad de “vivir en un medio ambiente saludable”.

Sin embargo, la Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional -que fue aprobada por el Parlamento en noviembre de 2002 y obliga al Poder Ejecutivo a elaborar un informe anual ambiental a través de los organismos competentes, que pasada una década, sigue sin cumplirse.

“Desconocemos si su falta se debe al incumplimiento de la tarea o a que los resultados a los que llegaron en cada evaluación no eran publicables por el altísimo y evidente retroceso en la calidad ambiental y el avance de las industrias extractivas que caracterizan el desarrollo económico en el que se basa el modelo kirchnerista”, señaló el diputado Nacional Jorge Cardelli. Asimismo marcó que “el pedido del informe no es un capricho ni un apego inútil a la institucionalidad, es la forma de poder acceder al esqueleto del entramado económico y su injerencia directa en nuestro ambiente”. “La cantidad de conflictos sociales que tienen como centro de la disputa un bien común –el agua, la tierra, la calidad de aire, los impactos de la mega minería- muestra su cara más cruenta en los sicarios que defienden la propiedad agraria asesinando a familias de pequeños productores y comunidades originarias que no se apegan a la expansión de la frontera del agronegocio, con la soja como emblema”, consideró el legislador. En la misma línea marcó que “los desmontes son tan solo una de las consecuencias, violan sistemáticamente la Ley de bosques y ningunean el inventario de glaciares previsto por la Ley de glaciares que tanta lucha costó dentro y fuera del Congreso con el veto presidencial que evidenció el apoyo del gobierno nacional al interés económico y grosero de las transnacionales. El informe debería hablarnos de todo esto, y darnos así las herramientas para avanzar en la necesidad de ‘vivir en un medio ambiente saludable’”. “Debería fijar estándares y pisos sobre el nivel de oxígeno que debieran tener los ríos altamente contaminados, castigar penal y económicamente a las empresas e industrias contaminantes que vuelcan con impunidad –y complicidad de las autoridades locales- sus afluentes en los causes de los ríos bajo la vil extorsión empresarial de no poder afrontar los costos ambientales y tener que cerrar las fábricas”, añade. Para cerrar indicó que “mientras, los pasivos ambientales siguen subiendo, toneladas de roca montañosa continúan explotando en la cordillera y miles de campesinos inhalando su agrotóxico de cada día. Lo evidente es que “el modelo” no es sustentable. Necesitamos saber dónde están los daños mayores y cuáles son sus formas para poder pensar en vivir bien, tenemos que volver a poner la tierra como base de nuestra riqueza y eliminar su explotación indiscriminada”.