La Comisión Provincial por la Memoria, al cumplirse el próximo 31 de enero dos años de la desaparición de Luciano Arruga, considera que la causa judicial que investiga el hecho, “no ha dado pasos serios ni seguido pistas que permitan saber que pasó con Luciano”.
Ante esta situación señalan que “por el contrario, la lentitud en su tramitación, ausencia de respuestas a peticiones de los familiares, ocultamiento de pruebas a los abogados de la familia presentada como particular damnificada, no ordenar pruebas valiosas para la causa y el mantenimiento de la calificación de averiguación de paradero, dan cuenta de la escasa rigurosidad investigativa y falta de compromiso de parte de la Fiscalía interviniente. Esta deficiente actividad judicial, ha contribuido a la impunidad que se consagra en esta causa”.
Luciano Arruga fue visto por última vez en el Destacamento de Lomas del Mirador de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde fue brutalmente golpeado por agentes policiales. Según la Comisión Provincial por la Memoria “además de los testimonios que dan cuenta de la presencia de Luciano en el destacamento policial -y que fue golpeado hasta desangrarse-, de las pericias efectuadas judicialmente en los libros policiales del mismo, surgen graves irregularidades en su confección y mantenimiento. También en sus declaraciones en la causa judicial, los policías admiten que tenían como práctica alojar menores en el destacamento, pese a no poder hacerlo. Incluso uno de ellos relató que Luciano había padecido abuso sexual de parte de otro agente”. Sin embargo, la justicia no investigó la hipótesis de la desaparición forzada ni la del abuso sexual. Paralelamente, el sumario administrativo llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad y Justicia, tampoco investigó “seriamente” la responsabilidad policial de los agentes involucrados. Como consecuencia de esto, los ocho policías sospechados y puestos en disponibilidad al producirse el hecho, se encuentran nuevamente trabajando. No sólo no se investigó la desaparición de Luciano, sino tampoco la adulteración de los libros policiales o el alojamiento de menores en el destacamento. La desaparición de Luciano Arruga, fue denunciada por la Comisión por la Memoria ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Al evaluar al estado argentino en junio de 2010, este Comité internacional receptó el caso en su Informe CRC/C ARG/CO/3-4: “El Comité insta al Estado parte a concluir una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de desaparición forzada del niño LA, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” Esta demanda internacional al Estado Nacional y Provincial, no modificó las condiciones señaladas. No se destinaron recursos materiales o humanos especializados o adicionales para lograr la investigación exhaustiva e imparcial que se le reclama. La responsabilidad por la investigación por la desaparición forzada incumbe tanto al Estado local como al Nacional, y este ultimo ante la comunidad internacional. La Comisión Provincial por la Memoria viene alertando sobre la gravedad que constituye la falta de esclarecimiento de este hecho.
Al respecto señalan: “En reiteradas ocasiones hemos señalado la responsabilidad del estado provincial, que debe poner todos sus recursos para promover el esclarecimiento. La falta de medidas tanto desde el poder judicial como del ejecutivo, la negativa a la investigación como desaparición forzada de Luciano Arruga, la reposición de los sospechados a sus cargos de policías, en suma la impunidad son una puerta abierta a la repetición de hechos de violencias sobre los más débiles de nuestra sociedad.” Finalmente reclaman que “es indispensable que el Estado provincial asuma un compromiso sincero y decidido en el esclarecimiento de este caso, que deje de negar la desaparición de persona, castigue judicial y administrativamente a los responsables, y rompa las redes de impunidad y complicidades. También debe continuar buscando a Luciano y reparar el dolor de su familia”.
“La impunidad es una afrenta al Estado de Derecho que denigra la Democracia”, destacan.
