Las empresas recuperadas beneficiadas por esa normativa son actualmente 17, de las que 13 están comprendidas en la Ley Nº 1.529 y las cuatro restantes en la 2.970.Por imperio de estas leyes, las 17 empresas pasaron, tras azarosos procesos, a ser operadas por sus trabajadores, siempre por el abandono de las patronales, que primero las quebraron y luego eludieron hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones. Las dos leyes ordenan taxativamente al Gobierno porteño a expropiar las empresas y luego transferir las antiguas habilitaciones a las nuevas cooperativas de trabajo, para que éstas pudieran seguir adelante con sus proyectos laborales, que benefician a unos 700 trabajadores.En 2002, el accionista principal de la firma Vinilpaper entregó la empresa para su explotación a un empresario de la competencia, cobrándole un canon por la operación. Pero el nuevo gerenciador no se expandió. Por el contrario, se achicó: produjo un vaciamiento de mercaderías, despidió a gran parte del personal, desguazó las maquinarias y quebró la sociedad. Los trabajadores que aún quedaban, en febrero de 2003, se constituyeron como cooperativa, comenzando a trabajar a como pudieron para obtener capital de trabajo, en el mismo local de Mataderos en el que funcionaba la fábrica. Con  gran esfuerzo, se puso nuevamente en marcha la producción, con la colaboración de algunos antiguos proveedores y la confianza de los clientes conocidos. Además, contaron con el aporte de la Secretaría de Producción de la Nación, de la Corporación del Sur del Gobierno porteño, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Sociales (Inaes) y del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno nacional. Hoy, Vinilplast ocupa a 27 personas, que repararon varias máquinas, tiene una administración ordenada y una excelente carta de presentación, porque paga puntualmente a sus proveedores. Hugo Fucek, de la Cooperativa de Trabajo Vinilplast, claramente expresa al respecto: “El ingeniero Jefe de Gobierno debe cumplir con la Ley de Expropiaciones: debe expropiar y nos debe transferir las habilitaciones. Con estas medidas, va a favorecer el desarrollo de cerca de 700 puestos de trabajo y entonces nos va a dar la oportunidad de adecuarnos a la normativa, porque si no, no podemos acceder al financiamiento para comprar, por ejemplo, equipamiento que cuesta en el mercado unos 300 mil o 500 mil dólares, según el caso.” Según Fucek, alerta “No nos vamos a quedar cruzados de brazos esperando a que nos escuchen. Si esto lo hubiéramos hecho antes, jamás hubiéramos llegado hasta aquí. Somos gente de trabajo y estamos acostumbrados a luchar para conseguir lo que necesitamos”.Pero en medio de esta lucha, aparece el peso de  una justicia que  levanta las clausuras de boliches que funcionan en las fronteras de la ilegalidad y  le aplica una orden de clausura a Vinilplast  con una dureza insólita. Lo que ocurre es que la Agencia de Control Comunal, le inició a la Cooperativa una causa por contaminación sin haber tenido la amabilidad de notificar previamente a los trabajadores de sus intenciones. Así, hace poco, apareció inesperadamente en la fábrica un funcionario judicial portando una orden de clausura recomendada por Sandra Verónica Guagnino, titular de la Fiscalía Nº 2 de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas y ratificada por el titular del Juzgado Nº 17 del mismo fuero, Norberto Tavosnanska. El juez Tavosnanska es el mismo que el 8 de junio pasado, para desalojar 112 departamentos de la Villa 1-11-14 ocupados ilegalmente, recomendó a los policías que el “eventual uso de munición de goma o gas lacrimógeno deberá ser con la distancia suficiente para minimizar los riesgos a la integridad física”, sin olvidar que “el uso de munición letal será sólo utilizado en último recurso”.“Entendemos, señala Fucek, que hay una normativa legal que se debe cumplir para conseguir las habilitaciones. Pero es imprescindible aclarar que Mataderos no es Palermo Hollywood y que las empresas recuperadas no están conformadas por empresarios inescrupulosos, que viven de la noche. No se puede medir con la misma vara a esos empresarios y a quienes vivimos de lo que producimos.” “Nuestra abogada, Florencia Kravetz, realizó una presentación ante el juzgado solicitando el cumplimiento en todos los términos de la Ley Nº 1.529, pero Tavosnanska no dio lugar y ratificó la clausura. Lo que reclamamos es que el juez, si bien opera dentro del marco legal, debe respetar también el esfuerzo de los trabajadores y hacer cumplir toda la normativa, no sólo la que debemos cumplir nosotros”, fue la apelación del cooperativista.