El proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura recibió esta tarde dictamen en las comisiones del Senado.

De esta manera, el oficialismo consiguió firmar dictamen para la iniciativa que fue modificada días atrás en la Cámara de Diputados y que aspira a convertir en ley la semana próxima, para lo que necesita 37 votos, es decir la mitad más uno del total de senadores de la cámara.

Tras dos horas de debate, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, el kirchnerismo consiguió darle firma a la iniciativa que amplía el número de miembros del Consejo y la elección por voto de la ciudadanía de tres jueces, seis académicos y tres letrados, integrantes de ese cuerpo.

Con los cambios realizados por la Cámara de Diputados al proyecto original, se mantiene en la órbita de la Corte Suprema la administración de los recursos de la Justicia, la facultad de superintendencia y el control sobre el personal.

Sin embargo, la iniciativa fue cuestionada por el socialista, Rubén Giustiniani quien ironizó con el hecho de que «en un año electoral se agrega el consejero electoral» y, como ejemplo, mencionó que el Frente Amplio Progresista (FAP) en Santa Fe no podrá competir con consejeros porque tiene distinta denominación.

«El único frente que puede cumplir con el requisito de tener personería en 18 de los 24 distritos es el Frente para la Victoria», apuntó el radical Gerardo Morales, en línea con lo expuesto por Giustiniani, quien había reseñado que en el 2011 el frente kirchnerista tuvo presencia en 21 de los 24 distritos.

Por su parte, el oficialista Aníbal Fernández destacó que la propuesta permite que las elecciones «no sean un festival de discusiones políticas sin sentido», como ocurrió en el 2001 con 648 partidos políticos inscriptos.

«Las modificaciones son atinentes; no estamos perjudicando a nadie en que haya cinco o seis alianzas que puedan competir y que sean los que realmente encarnan la voluntad popular», expresó.

Ahora la iniciativa regresará a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, que se estima para el 8 de mayo.