Sociedad

Represa del arroyo Ayuí: la cuestión se resuelve en el Congreso

El proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de la Nación resolvió que se informe a ésta sobre varias cuestiones, en relación a la propuesta del gobierno de Corrientes de construir una represa con capitales privados y con incidencia en el curso del agua del Arroyo Ayuí que daña el medio ambiente y al resto de la población del lugar.

Polemica por el inminente inicio de obras

Algunos de los temas a informar serían cuáles son los fines que se persiguen, si son públicos o privados; el instrumento jurídico utilizado para otorgar el permiso de la construcción; si se realizaron consultas ante Organismos No Gubernamentales que se ocupan de investigar y colaborar  en el área de la represa  y que tienen vinculación directa con la Protección del Medio Ambiente que aseguren la viabilidad del proyecto; si estudiaron las  legislaciones a nivel nacional e internacional que regulan no solo las cuestiones vinculadas con el derecho ambiental; si se previó el perjuicio que se le ocasionaría en particular a los bosques que sean inundados como consecuencia de la obra y a las especies nativas que se encuentran en  la región.     También se pretende conocer quiénes son los propietarios de los campos y cuáles son las empresas relacionadas con el emprendimiento, además de cuál será la explotación que se prevé para los terrenos que se pretenden inundar.Con respecto a los fundamentos, los Esteros del Iberá pasarán a formar parte de una empresa arrocera. A ello se están abocando las empresas agropecuarias de José Aranda y George Soros. Según denuncian organizaciones ambientalistas, lo harán obviamente violando leyes nacionales y provinciales: “Represa Ayui Grande” es el emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur, que producirá 120 mil toneladas anuales de granos. Así lo anuncian Copra S.A., cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adecoagro, perteneciente al financista húngaro George Soros, ambos integrantes de la UTE que encabeza la iniciativa. El proyecto contempla una inversión de 55 millones de dólares y la construcción de una represa sobre el río Ayuí, en la localidad correntina de Mercedes, con la que crearán un lago artificial destinado a regar las 18.000 hectáreas de plantaciones. Las organizaciones ambientalistas consideran “ilegal” que un grupo privado “se adueñe de un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales.  “Quieren crear un lago artificial doce veces más grande que el casco urbano de Mercedes, atravesando con un paredón el río Ayuí e inundando su lecho completo en un tramo de treinta kilómetros de costas”, explicó el biólogo Aníbal Parera, ex titular de la Fundación Vida Silvestre radicado en Mercedes. Para Pedro Healy, integrante de la Fundación , “ la Provincia debe desarrollar su plan de ordenamiento de bosques –según lo establece la Ley Nacional 26.331, vigente desde enero– por lo que resulta insólito que se anuncie la realización de proyectos que afecten las especies protegidas, incluso por las leyes provinciales”. Dos de las cuatro especies declaradas “monumento natural provincial de Corrientes” viven en el área que se pretende afectar: el lobito de río y el ciervo de los pantanos. Para los expertos, la represa –que estará ubicada a 47 kilómetros de la reserva natural Esteros del Iberá– puede provocar daños que trascienden las fronteras correntinas. “Este lago artificial recibirá los efluentes químicos de la gigantesca superficie de plantíos y el destino de la cuenca del río Miriñay –que desagua en el Uruguay– podría quedar comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo no serían las mismas”, explicó Parera. Y agregó: “un emprendimiento privado, con fines lucrativos, no puede adueñarse de algo tan público como un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y especies animales y vegetales”. Por las razones expuestas, se ha pedido la aprobación de este  proyecto.