El Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Chaco afirmó que la represión policial perpetrada el 11 de febrero pasado, en inmediaciones a la Casa de Gobierno en Resistencia, violó varios protocolos de actuación que reglamentan la forma de actuar ante protestas sociales.

El lamentable episodio se originó cuando diferentes agrupaciones sociales se habían concentrado frente a la Casa de Gobierno del Chaco para reclamar la entrega de materiales para la construcción de viviendas y otros beneficios sociales.

Argumentando el derecho de la libre circulación, los efectivos de Infantería avanzaron sobre los manifestantes usando bastones, balas de gomas, gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar la protesta; dejando un saldo de 20 heridos y diez detenidos.

«A los hechos, de público conocimiento, ocurridos el día 11 de febrero de 2014, el Comité Provincial De Prevención De La Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes (C.P.T.Ch) los declara intolerables, excesivos,  y violatorios de la ley», afirmaron desde el Comité Provincial de Prevención de la Tortura.

«La represión, que planeó y ordenó el Poder Ejecutivo y ejecutó la Policía de la Provincia del Chaco en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Resistencia, hizo tabla rasa con todos los Protocolos de Seguridad a los cuales la Provincia suscribe (Protocolos de Naciones Unidas, «Protocolo Garré» – Decreto 989/12) y demás Protocolos que están incorporados a la Ley de Seguridad de la Provincia del Chaco, a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución Nacional», sostuvieron.

La enmienda recuerda que “las Leyes no están sujetas a la interpretación arbitraria de un Gobernador ni de ningún funcionario público. Es decir que quien corta una calle o una ruta, en el ejercicio de sus derechos a peticionar, no comete delito».

Entre otras opciones, enumeraron que las fuerzas de seguridad locales podrían haber buscado caminos alternativos de negociación a cargo de un funcionario político, evitando el uso de balas de goma y gases lacrimógenos.

Por último, condenaron el incumplimiento de los Protocolos establecidos entendiendo que “la ruptura de la legalidad es el comienzo de la tortura».