El Ombudsman nacional pidió a la Secretaría de DH de la Nación, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Defensor de Chaco que asegure el acceso a la justicia de estas comunidades.

a Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó la intervención de diferentes organismos nacionales y chaqueños en la causa por la feroz represión policial y el posterior procesamiento de los dirigentes qom que participaron del corte de ruta en Pampa del Indio el pasado 19 de febrero.

Tras la denuncia realizada ante el Ombudsman nacional por parte de dirigentes de los pueblos que protestaban por asistencia alimentaria y agua potable, se pidió a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Defensor del Pueblo del Chaco para que se asegure el acceso a la justicia de las comunidades.

Los miembros de organizaciones y comunidades qom de Pampa del Indio se presentaron ante la Defensoría nacional el pasado 10 de marzo, denunciando al municipio, lña provincia y la nación por la vulneración de sus derechos a la asistencia médico-social, a la alimentación, al agua potable, a la libertad de expresión y al acceso a la justicia.

Según relata la Defensoría, los miembros de las comunidades indígenas de Pampa del Indio «habrían sido víctimas de una violación a sus derechos a la libertad de expresión, su integridad física y al derecho a manifestarse». 

En ese sentido, recalcan que «ante el corte de ruta realizado el día 19 de febrero de 2014 por el cual requerían a las autoridades provinciales que dieran una respuesta a sus reclamos, fueron víctimas de un violento desalojo, aún cuando no se les hubiese exhibió ninguna orden judicial”. 

Además, señalan que “no sólo se ejerció fuerza bruta (golpes, uso de gases lacrimógeno y balas de goma), sino que además habrían sufrido agresión verbal por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, quienes los habrían improperado con frases -como indios de mierda, los vamos a matar o vagos de mierda-«.

Sin abogado defensor

Las comunidades qom denunciaron que luego de la represión se detuvo a cinco de sus dirigentes: algunos de ellos alojados en La Eduvigis, a 150 kilómetros de Pampa de Indio, y otros en Ciervo Petiso. 

De acuerdo a la nota de la Defensoría del Pueblo de la Nación, «la mayor dificultad que afrontan actualmente es que no poseen un abogado que los asista legalmente y que no cuentan con sumas suficientes para contratar a uno. Ello no sólo constituiría una vulneración de sus derechos, sino que agravaría la situación de persecución que refieren».