Asesores legales de organizaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados de Pilcaniyeu que rechazan la reactivación de la actividad de enriquecimiento de uranio en la planta de la CNEA situada a 23 kilómetros de la localidad, estudian el marco normativo para solicitar al Consejo de Ecología y Medio Ambiente su intervención y la concreción de un estudio de impacto ambiental para determinar los efectos de la actividad nuclear en la zona y las condiciones de devolución del agua tomada del río Pichileufu.
“No nos preguntaron nada, nos pasaron por arriba y los miedos que tenemos es por la contaminación radioactiva, por las condiciones del agua del Pichileufu que toman río abajo dos escuelas albergues y productores”, afirmó Luis, uno de los vecinos autoconvocados.El reclamo incluye además la falta de información que otorga la CNEA acerca de la actividad que va a desarrollar dentro del complejo que reinaugurará la presidenta Cristina Fernández el próximo lunes.En las próximas horas se realizará una asamblea para determinar las acciones a seguir que incluyen un pedido de declaración de Municipalidad no nuclear y el posible pedido de intervención de organismos ambientales para exigir un estudio del impacto que generaría esta actividad.La alternativa de exigir el estudio de impacto se evalúa en el seno de la Comunidad del Limay que meses atrás cuando surgió la intención de que se enriquecería uranio en la zona expresó su rechazo en defensa del ambiente y los recursos naturales.Los autoconvocados cuentan con un informe realizado por el Movimento Antinclear de Chubut en relación a las razones para rechazar el enriquecimiento del uranio en función a una experiencia similar en Gastre.El documento señala que existe legislación nacional (Nº 24.804) que establece que “todo nuevo emplazamiento de una instalación nuclear relevante deberá contar con la licencia de construcción que autorice su localización, otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear con la aprobación del Estado provincial donde se proyecte instalar el mismo. Expresa que se debe exigir instancias participativas de acuerdo con lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675, Ley General del Ambiente.La información de la reactivación de la planta de enriquecimiento de uranio a partir del lunes con la llegada de la presidenta se hizo pública a través de un diario porteño sin información oficial de la CNEA y tampoco obtuvo hasta el momento la reacción inmediata de las organizaciones ambientales.
