El juez federal de Quilmes, Luis Armella, intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se ocupe de manera inmediata de la preservación de un predio ubicado en el margen del Riachuelo, a la altura del barrio porteño de Barracas, recientemente desocupado por una empresa privada y destinado a ser un corredor verde. El magistrado, quien instrumenta el fallo para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo dictado por la Corte Suprema de Justicia, advirtió en su fallo que de no cumplirse lo ordenado multará con 500 pesos diarios de su salario al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.Según la resolución a la que accedió Télam, lo ordenado tiene fecha límite de cumplimiento el próximo viernes por la mañana.La empresa que ocupaba el lugar lindero a la villa de emergencia 21-24 desalojó el viernes último el predio tras haber sido embargada por Armella y ante esto, el juez ordenó la «presencia estatal» en el lugar hasta que se lo incluya en el corredor parquizado de la zona, el llamado camino de sirga.“Es indispensable que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su Jefatura de Gabinete de Ministros, no sólo arbitre los medios suficientes para llevar adelante las medidas necesarias para la liberación definitiva de dicha traza geográfica», consideró en la resolución.También estableció que se «impida la realización de nuevas construcciones en ese espacio público, o reparación de las ya existentes, el deterioro de terrenos, y/o cualquier tipo de obra o acción obstaculizadora de esa área».Además, estimó que «deberá tenerse en cuenta que deberán priorizarse y maximizarse las acciones conducentes a la recuperación estatal de ese espacio público, que conlleva el resguardo permanente del mismo».El terreno, ubicado en San Antonio al 1200, estaba ocupado por CICSA que el viernes sacó de allí 200 contenedores tras recibir un embargo judicial.»El predio en cuestión se encuentra lindante a una zona problemática, como lo es la villa 21-24, que podría acarrear futuras intrusiones en el aludido espacio público», advirtió Armella.Por ello, consideró que «las tareas de seguridad deben ser llevadas a cabo a través del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de las fuerzas de seguridad que ellos designen para cada caso en particular».Asimismo, llamó al Gobierno de la Ciudad a evitar dilaciones en base a cuestiones «burocráticas», al recordarle que es uno de los condenados en la causa por la Corte Suprema, cuando ordenó sanear el Riachuelo.Para el juez, resulta «imprescindible la posesión de hecho por parte de las autoridades, para transformar en palpable la actividad saneadora que deben realizar, permitiendo con ello alejar a los sectores vulnerables del foco infeccioso que provoca la delicada situación sanitaria que se cierne sobre el Riachuelo», agregó.Armella dio plazo a la Ciudad hasta el viernes próximo a las 10 para dotar al lugar de «suficiente presencia de las fuerzas de seguridad», bajo advertencia de multar a Rodríguez Larreta con 500 pesos diarios.