Bonaerense

Scioli aseguró que no habrá “más detenidos en comisarías de la región”

“Hoy dejamos atrás la historia de los detenidos en comisarías de La Plata, Berisso y Ensenada”, sostuvo ayer Daniel Scioli al poner en marcha la Alcaidía Departamental “La Plata II”, y afirmó que una Provincia grande “se construye con más seguridad y generando ámbitos propicios para la reinserción de aquellos que incumplieron con la ley”.

Scioli al inaugurar la séptima Alcaidía Departamental que se pone en marcha en territorio provincial.

 

Acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, Scioli puso en valor el programa que fue, según remarcó, “destacado por la ONU y que apunta a la sustitución progresiva del alojamiento en comisarías y mejorar las condiciones de detención”, en una actividad que compartió con los intendentes Pablo Bruera (La Plata); Mario Secco (Ensenada) y Enrique Slezack (Berisso).

Hizo hincapié en la necesidad de “evitar que las comisarías sean utilizadas como unidades penitenciarias ya que traen aparejado el hacinamiento y epidemias que lesionan la dignidad del hombre”, y aseguró que “con más policías en la calle, ocupados en la prevención del delito, tendremos una Provincia más segura”.

Ponderó también el cierre de los calabozos de 150 comisarías durante 2011, que se complementa, dijo, “con las más de 9 mil plazas penitenciarias con las que logramos la reducción a 900 la cantidad de detenidos en comisarías, la cifra más baja de los últimos 20 años”.

Es la séptima Alcaidía Departamental que se pone en marcha en territorio provincial, junto con las que ya están funcionando en las ciudades de San Martín, La Plata “Roberto Pettinato”, Junín, Malvinas Argentinas, José C Paz y la Alcaidía para mujeres de Isidro Casanova.

Participaron el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín; el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro; el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado provincial, Jorge D´Onofrio; el subsecretario para la Modernización del Estado, Roberto Reale, y otros funcionarios de Justicia y Seguridad, legisladores y concejales.