El Senado de la Nación convirtió en ley un proyecto para sancionar a quienes promuevan el trabajo infantil, que ya había sido aprobada en 2012 por Diputados.

La iniciativa fue aprobada en general por unanimidad por todos los bloques que conforman la Cámara alta.

La pena estipulada por esta ley es de uno a cuatro años para aquellos que propinen la explotación laboral a menores de edad. Lo que se establece afectaría a quienes “promuevan, faciliten, aprovechen o exploten económicamente el trabajo de un menor”.

El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el 12 de marzo pasado advirtió que el texto “encontró obstáculos para ser aprobada porque afecta intereses económicos”, y aseveró que “no se puede aceptar el argumento de que ‘mejor trabaje y no que esté en la droga o la prostitución’, los niños deben estar estudiando o jugando”, sentenció.

Además remarcó que “no todo se soluciona con una ley” pero dijo estar “convencido que esto encuentra sentido en el marco de todas medidas que se han tomado antes”.