Ayer se llevó adelante un plenario que reunió a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Trabajo y Previsión Social, Banca de la Mujer y Presupuesto y Hacienda y se trataron dos proyectos.  Uno que va contra la violencia familiar y otro que busca imponer penas al cliente de trata.

Ambas propuestas contaron con el aval de los legisladores presentes que propusieron sendas modificaciones por lo que no se llegó a un dictamen favorable.

Sin embargo se estableció es que el debate será retomado el próximo martes a las 14 para unificar conceptos.

En primer término se debatió sobre una modificación en las leyes de violencia familiar, la normativa en cuestión tiene como objetivo erradicar la violencia y los abusos en los círculos íntimos. El texto es una iniciativa de los senadores kirchneristas, Aníbal Fernández y Elena Corregido.

La encargada de presentar el proyecto fue la psicóloga Eva Giberti, quien comenzó aclarando que se trata de una norma “transdiciplinaria” que intenta atacar el carácter “epidémico” de la violencia familiar. En este sentido, adelantó que la medida demanda la necesidad de “la capacitación y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad, como también los jueces”.

Además, la licenciada dio un panorama de las estadísticas que se tienen sobre la problemática en la Capital Federal: “Desde octubre de 2006 a junio de 2013 se atendieron 18.127 víctimas, de ese número el 38% no quiere realizar la denuncia”.

 Es por esto que la iniciativa plantea el carácter obligatorio de la denuncia por parte del que tenga conocimiento de una situación de violencia familiar.

Otra de las cuestiones fundamentales que contempla la medida es que las obras sociales y prepagas deben hacerse cargo de los tratamientos de quien sea víctima de este tipo de violencia.

En segunda instancia, los legisladores se dispusieron a analizar el segundo de los proyecto del día, el que intenta imponer penas a los clientes de trata de personas y que también surge por impulso del senador Aníbal Fernández.

Bajo el lema “sin cliente no hay trata” la normativa en cuestión busca sancionar a quien consuma prostitución sabiendo o debiendo saber que puede llegar a ser un caso de trata de blanca.

Giberti consideró en este sentido que “el cliente es cómplice del tratante” y que no se avanza sobre él porque el 99% de los que consumen prostitución son varones. “Todos los convenios internacionales sobre el tema lo firman varones por eso se entiende que no quieran usar la palabra cliente”, sostuvo la psicóloga.

Aníbal Fernández tomó la palabra para defender su iniciativa y aclaró que “no tiene problema” en aumentar la pena pero que el impacto más fuerte de la norma es en la órbita de su “desarrollo social”.

De esta manera ambos proyectos deberán esperar hasta la semana que viene para seguir con su evolución dentro de las comisiones y de esta forma aspirar a ser tratadas en el recinto.