El Mensajero Diario como aporte al debate electoral que el país enfrenta ante la realización de las PASO el 11 de agosto ha decidido hacerles diez preguntas a los candidatos a Diputados y Senadores de los distintos partidos políticos.
En caso de llegar a la Cámara:
– ¿Cuál es su posición frente a la Asignación Universal por Hijo ¿Impulsaría convertirla en Ley? ¿La modificaría? En caso de modificarla ¿Cuál es su propuesta?
Como Senador Nacional impulsaría el mismo proyecto de ley que como Diputado vengo realizando respecto a la Asignación Universal, con la cual estoy naturalmente de acuerdo puesto que formé parte del FRENAPO que ya por el año 2001 proponía una iniciativa de esta naturaleza, y como Diputado desde el 2003 propuse la creación de este derecho. Nuestro proyecto de ley difiere no obstante en aspectos centrales de la implementación actual de la Asignación Universal.
El primero y más importante radica en que para nosotros la asignación universal por hijo debe ser un derecho y como tal sancionado por ley y no como en la actualidad que en su formalidad no es más que un programa del Poder Ejecutivo, y que como todo programa puede desaparecer puesto que no es un derecho.
Nuestro proyecto de ley propone crear un único sistema de asignaciones familiares que garantice la universalización del conjunto de las asignaciones (no solo por hijo, sino también por hijo con discapacidad, prenatal, adopción y nacimiento) que tenga previsto un mecanismo de actualización trimestral y que se financie con la restitución de las contribuciones patronales y una mayor recaudación del impuesto a las ganancias por la eliminación de la deducción por hijo vigente.
Las diferencias con la actual asignación son centrales: en lugar de tener múltiples asignaciones (la contributiva nacional, la del sector público provincial, la no contributiva, y la implícita en la deducción por hijo en el impuesto a las ganancias) que fijan valores distintos incluso dentro de un mismo régimen (caso el de las asignaciones de los trabajadores formales) nuestra propuesta crea un único sistema con un monto similar para todos.
Otra diferencia central es que en nuestra propuesta eliminamos los requisitos de acceso de la asignación universal (que deja afuera a los hijos de los trabajadores no registrados y del servicio doméstico que ganen por encima del salario mínimo y que sólo cubre hasta el 5to hijo de las familias numerosas) y que en la actualidad se expresan en que 2.918.785 pibes están excluidos del sistema de asignaciones vigentes.
Por otra parte universalizamos el conjunto de las asignaciones y no sólo la de hijo y embarazo; fijamos una actualización trimestral y no como en la actualidad que se actualiza a discreción del Poder Ejecutivo y no más de una vez por año, y por último la financiamos con una mayor imposición sobre las grandes firmas (vía restitución de aportes patronales) y del impuesto a las ganancias (al eliminar la deducción por hijo) y no como en la actualidad que se financia con los recursos de los jubilados que administra el ANSES.
-¿Cuál sería su postura frente a la nacionalización del 51 % de YPF? ¿Impulsaría la modificación de la Ley? ¿Qué modificaciones propondría?
Estamos de acuerdo con la nacionalización de YPF pero tenemos dos diferencias centrales; la primera respecto al modo en que se realizó dicha medida; y la segunda respecto a la insuficiencia de dicha medida para resolver los desafíos que en materia energética tiene planteada la Argentina.
Respecto del primer punto, no estamos de acuerdo con que no se haya fijado como mecanismos de valuación de la expropiación los daños ambientales ocasionados por Repsol así como tampoco la pérdida de reservas que en la explotación del recurso llevó dicha firma. Más aún, a más de un año de la estatización aún no sabemos cuánto le vamos a pagar a Repsol, y ello ha redundado en una fortaleza de la firma para demandar a la Argentina frente a Tribunales Internacionales que el país reconoce como válidos (caso del CIADI, y de la demanda en Estados Unidos y en España), tampoco se fijó un objeto preciso de expropiación, lo que puede dar lugar a una demanda por retrocesión (que deje sin efecto la expropiación) encarada por Repsol; no se tuvo en cuenta la participación federal de las provincias en la expropiación y tampoco se previó un mecanismo de control social con participación de trabajadores, usuarios, y organizaciones no gubernamentales de defensa de usuarios y del medio ambiente en la gestión de YPF.
Respecto del segundo punto que remite a la insuficiencia de la medida, no se aprovechó la estatización de YPF para modificar de raíz el marco regulatorio que en materia de hidrocarburos se instalara en los 90; y que fija las reglas de funcionamiento que permiten un comportamiento depredador del recurso, de saqueo de nuestras riquezas y de contaminación del medio ambiente que no era exclusividad de Repsol sino del conjunto de empresas oligopólicas y extranjeras que participan del sector. Nosotros proponemos la derogación del decreto 1055/89, que establece la desregulación del sector y permite la conversión de los contratos de locaciones por contratos de concesión permitiendo la extensión de los plazos de concesión de 20 años (para las áreas de interés secundario) a 25 años (para las áreas de recuperación asistida).
También proponemos la derogación del decreto 1212/89, que establece la libre disponibilidad del crudo, así como la libre importación y exportación del recurso cual si fuera un commodditty y no un bien estratégico de carácter no renovable; al tiempo que dispone la liberación total de los precios en todas las etapas de la producción, permitiendo a su vez la libre capacidad de refinación, de instalación y titularidad de bocas de expendio.
Proponemos eliminar la suspensión de la vigencia de los artículos 25 y 34 segundo párrafo de la Ley Nro 17.319 posibilitando la conversión de los contratos preexistentes y eliminando la prohibición de la tenencia de más de 5 concesiones de explotación o más de 5 permisos de exploración a un mismo operador. Y derogaríamos del todo el decreto 1589/89, que fuera parcialmente derogando en lo relativo a la libre disponibilidad de las divisas en hasta un 70% en el exterior, pero que aún rige para importantes aspectos del marco regulatorio como lo son los referidos a la determinación de los contratos de explotación, la preferencia de compra de gas, disposiciones de comercio exterior, tipo de cambio, restricción a la importación, intercambio de petróleo crudo y concesiones de transporte.
La eliminación de estos decretos desreguladores con los que se iniciaron la reformas neoliberales en el sector de hidrocarburos es el primer paso en función de crear un nuevo esquema regulatorio que permita que el conjunto de los argentinos disfrutemos de las ventajas que supone contar en nuestro territorio con este bien de carácter estratégico no renovable de uso difundido en toda la estructura económica.
Más aún, al no haberse modificado el marco regulatorio neoliberal que rige en el sector, lo que terminó ocurriendo es que detrás del discurso oficial que decía que “estatizando YPF recuperábamos la soberanía energética” lo que ocurrió fue que se transformó a YPF en la que recompuso la rentabilidad del conjunto de operadores privados por vía del incremento desmesurado en los precios del petróleo y de gas; y en lugar de haber avanzado en la integración energética con Petrobras para la explotación de la plataforma marítima, se prefirió recorrer el camino de la explotación de los recursos hidrocarburíferos cuyo método de extracción conocido como “el fracking” (es decir fragmentación por presión hidráulica) amenaza en convertir en un queso gruyere a la provincia de Neuquén con graves consecuencias ambientales mediante el dictado del reciente DNU 929 que se sostiene en base a la vigencia de los decretos desreguladores de los 90, que permiten la baja de las retenciones, la libre disponibilidad de divisas y un conjunto de beneficios que vuelva a ubicar al saqueo y la depredación del recurso así como el daño ambiental como lógica empresarial para el sector.
– Con respecto a la recuperación de las AFJP ¿Modificaría la Ley? ¿Qué modificaciones impulsaría en caso de ser elegido?
La recuperación de las AFJP fue otra importante medida tomada por el Gobierno pero que presenta limitaciones para resolver los problemas previsionales vigentes, ya que nunca se buscó asociar dicha medida con una Reforma Previsional Integral.
Esta Reforma Previsional Integral tiene varios pilares, uno de los centrales es el de Democratizar el ANSES transformándolo en un organismo público, no estatal, cuya dirección debe ser ejercida por un cuerpo colegiado con representación de los trabajadores, los jubilados y los empresarios, además de los representantes del Poder Ejecutivo.
Por otra parte debe encararse una revisión a fondo del stock de activos acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para que el mismo sirva para pagar los pasivos previsionales que se acumulan en las demandas judiciales que ya tienen resolución y que está pendientes de pago.
Del mismo modo, hay que cumplir con los fallos de la Corte Suprema que en materia de movilidad se plantearon en los Fallos Badaro y Sanchez, elevar el haber mínimo ubicándolo en el 82% del salario mínimo y por último proponemos la creación de la Jubilación Universal, ya que a pesar de la ampliación de la cobertura previsional fijada por la moratoria, todavía existen un 16,4% de mayores que no reciben jubilación.
Estas medidas son perfectamente posibles de realizarlas a condición de otorgarle mayor progresividad al sistema tributario y en primer lugar por vía de la restitución de las contribuciones patronales a las grandes firmas.
-¿Qué opina respecto a las paritarias y el Consejo de Salario? ¿Impulsaría una Ley para consolidar las Paritarias?
Tanto las paritarias como el Consejo del Salario son instrumentos que requieren sin duda una mayor institucionalización, pero fundamentalmente se requiere un profundo replanteo del rol que ellas tienen para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. En primer lugar porque la existencia de un elevado nivel de precarización laboral (que llega al 52% de la fuerza laboral) deja por afuera tanto de las paritarias como del Consejo del Salario a buena parte de los trabajadores argentinos.
Al mismo tiempo porque la inexistencia de Democracia y Libertad Sindical permiten que la presencia de delegados en los establecimientos privados sea minoritaria obturando el proceso de participación de los trabajadores en las organizaciones sindicales existentes, promoviendo así la aparición de sindicatos sin personería.
Por otro lado, la ineficacia del Consejo del Salario se expresa en el hecho de que a pesar de que el salario mínimo esté en $2.875, lo que es un nivel muy bajo; el 35% de los ocupados ganan por debajo de dicho mínimo, dentro de los cuales 1.210.782 son inclusive asalariados registrados.
Por ende, de lo que se trata es de construir un piso de ingresos, derechos y garantías que permita mejorar el nivel de vida de los trabajadores y fortalecer la capacidad de negociación de las organizaciones que los trabajadores decidan libremente construir o convalidar para representar sus intereses, tal cual lo expusiera la Corte Suprema de Justicia en fallos recientes. Lamentablemente nada de esto hace el Gobierno, para quien el Consejo del Salario es una mera formalidad que nunca funcionó como ámbito de participación de los distintos actores del mundo laboral y productivo con miras a fijar un piso de ingresos, porque en la práctica el Gobierno nunca se bancó la participación plena de estos actores y terminó oficiando al Consejo del Salario en una mera foto donde el Gobierno exponía su propuesta salarial en acuerdo con los segmentos más concentrados de la economía y siempre a posteriori de las rondas paritarias, quitándole incluso la posibilidad al Consejo del Salario de incidir en las rondas de negociaciones salariales de cada año.
– ¿Está de acuerdo con el desendeudamiento y la actual relación con el FMI? En caso de no estar de acuerdo ¿que propondría para modificar esa política?
No estamos de acuerdo con la política del desendeudamiento y sí nos parece importante que el FMI no tenga el rol preponderante que tuvo durante la Convertibilidad, pero tampoco compartimos la totalidad de la relación con el FMI, como por ejemplo estamos en desacuerdo con la reciente ampliación de la cuota que nuestro país realizó a dicha institución.
Para nosotros antes que pagar la deuda, que es el reverso del desendeudamiento, lo que hay que hacer es una revisión integral de endeudamiento público.
Por eso desde el Senado promoveremos el mismo proyecto de Creación de la Comisión Bicameral de Revisión del Endeudamiento que desde Diputados hemos promovido. Si se hubiera revisado el endeudamiento seguramente no le habríamos pagado la totalidad de la deuda con el FMI en el 2005 ya que habríamos iniciado acciones legales contra dicho organismo ya que fue el corresponsable de la Convertibilidad de nuestro país al tiempo que habilitó procesos de endeudamiento aún violando sus propios estatutos que le prohíben realizar préstamos a países con fuga de capitales como lo era la Argentina en los 90 y lo sigue siendo en la actualidad.
Si revisamos la deuda seguramente daríamos de baja los incrementos de deuda por U$S 1.000 millones que se realizaron en el Canje del 2010 donde hubo tráfico de influencias por parte del actual Vicepresidente de la Nación, y los agentes financieros que participaron con información privilegiada de los mismos (la consultora Arcadia, el banco Barclays, etc) tal como lo expusiéramos en nuestra denuncia penal sobre estos lícitos.
De revisar el endeudamiento seguramente daríamos de baja buena parte de los compromisos con el sistema financiero doméstico, que es uno de los principales acreedores privados, y al cual el Estado le otorgó un salvataje en el 2002 que no tuvo correlato en contribución alguna por parte de los bancos luego de recompuesta su cartera.
Más aún los bancos hoy muestran una elevada liquidez, al tiempo que fijan una brecha entre tasas de interés activa y pasiva que le permiten tener abultados resultados a costa de los ingresos de los trabajadores, y de los sectores productivos.
Por último de revisar la deuda resolveríamos la paradoja de que el Estado Nacional es en parte significativa su propio acreedor. En efecto, buena parte de la deuda del Sector Público está en manos del ANSES, los que podrían darse de baja reduciendo la carga de los intereses del presupuesto a condición que el Estado Nacional resuelva adecuadamente la situación de los haberes de los jubilados.
Amén de no compartir la política de desendeudamiento corresponde precisar el absoluto fracaso de la misma, puesto que habiendo pagado como nunca antes el peso de la deuda en la economía es hoy similar al que teníamos en el 2000 (es decir rondando el 40% del PBI) y donde el único cambio de relevancia es la composición del acreedor (donde es el propio Estado su acreedor) y para colmo de males andamos clandestinos por el mundo y sujetos a la jurisdicción de tribunales externos (como lo demostrara reciente el fallo del Juez Griessa).
-¿Apoya la vigencia de la Ley de Medios Audiovisuales? En caso de no estar de acuerdo ¿Qué modificaciones propondría?
Apoyamos la sanción de una Ley que, sancionada en Democracia, sustituyese a la Ley de la Dictadura; una ley que, en el espíritu invocado y contenido de su texto implicaba un significativo avance en el camino hacia la democratización de las comunicaciones y del inmenso espacio de radio y televisión.
La apoyamos en general y propusimos 25 modificaciones, de las que fueron tomadas 17 no sólo por el oficialismo, sino también por varias fuerzas de la oposición; desde un principio estuvimos en contra de la participación de las empresas telefónicas y nos opusimos a los plazos propuestos del artículo 161.
Pero las intenciones fueron defraudadas: en lugar de afianzarse la pluralidad y la desconcentración, se facilitó la fusión de Telecom con Telefónica -que siendo de capital extranjero esta en abierta violación con la ley votada- y fueron conformado una nueva concentración mediática con los amigos del gobierno.
En estos tres años, la ley no se ha aplicado porque fundamentalmente el Gobierno no quiso, y por el recurso de inaplicabilidad de los artículos 45 y 161 interpuesto judicialmente por el Grupo Clarín que derivó en la maraña de recusaciones y apelaciones cruzadas entre las partes.
La no aplicación le ha permitido al Gobierno crear un multimedio propio. Llegando al extremo de que, a través del AFCA, desnaturaliza el sentido de la desconcentración de medios, ya que permite que los grupos comunicacionales se dividan en empresas manejadas por testaferros, y a la barbaridad sostenida por su titular de plantear que Telefónica de Argentina no tiene presencia en medios de comunicación.
No se ha cumplido con ninguna de las disposiciones que apoyamos en defensa de las emisoras comunitarias, de los contenidos nacionales, de la promoción y defensa de nuestro cine en las pantallas de televisión, de la democratización en la producción y en el acceso a la información.
En lugar de ello, se incumplió y desnaturalizó la Ley que apoyamos: no se hizo público el Censo de Emisoras, no se hizo el Plan Técnico, se maltrató y se maltrata a las emisoras comunitarias, se aplica la pauta publicitaria con un ilegal criterio de partido, se utiliza la Cadena Nacional para agredir ciudadanos.
La autoridad de aplicación que terminó siendo impuesta -el AFSCA- es una caricatura de lo que siempre defendimos y propusimos: aspirábamos, y seguiremos haciéndolo, a un organismo realmente autónomo, con representación democrática de todos los sectores involucrados, sin hegemonía gubernamental y fiscalizado por un gran consejo asesor donde estén representados todos los sectores de la sociedad. Criterios que respetan taxativamente el espíritu que sobre este eje reclamaban los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
El único artículo de la Ley que parece interesarle al Gobierno y a sus operadores es el que puede utilizar para combatir al Grupo Clarín, a la vez que brinda indemnidad a sus amigos -como el grupo Vila-Manzano- y a la empresa Telefónica; para que ellos transiten sin problemas en el incumplimiento de la ley.
-¿Coincide con la política económica y la política cambiaria? ¿Cree que hay que enfriar la economía? ¿Cuánto cree que debe fijarse el valor del dólar?
No coincido con la política económica y tampoco con la política cambiaria, pero mucho menos creo que hay que enfriar la economía.
Los problemas cambiarios, el valor del dólar, los déficits fiscales y externos no se resuelve si nuestro país no avanza en un cambio estructural en materia económica que comienza con la construcción de un piso de ingresos, derechos y garantías para que ningún hogar esté por debajo de la pobreza. Este piso requiere a su vez de una reforma impositiva progresiva que la financie.
Por otro lado, la persistencia del proceso inflacionario nos habla del déficit de inversión en cantidad y calidad que nuestro país necesita. Desde este punto de vista se requiere motorizar un nuevo actor, que no es la actual cúpula empresarial fuertemente extranjerizada, sino que es el Estado en asociación con empresarios locales que no detenten posiciones monopólicas y con las experiencias de la llamada “economía social” (autogestión de trabajadores, cooperativas, fábricas recuperadas, etc) los que garanticen los procesos de inversión que nuestro economía demanda. En este marco de una demanda popular ampliada, con una mayor progresividad en las cuentas fiscales y de la mano de un replanteo productivo que ubique a nuevos actores, es que puede pensarse el arreglo de las políticas macroeconómicas hoy en crisis y entre ellas el valor del dólar.
A propósito del dólar debe quedar claro que el Gobierno permite que el valor de dicha variable “se le escape” ya sea permitiendo un deslizamiento del tipo de cambio oficial (que llega a cerca del 20% anual) como del no oficial (actualmente en $8,50) ya que permite la existencia de operaciones financiera con bonos conocida como “el contado con liquidación” que tracciona el valor del dólar ilegal, que a pesar de su denominación, el Gobierno permita que funciona e incluso interviene en dicho mercado a través de casas de cambio afines. Desde nuestro punto de vista esta estrategia supone administrar la tendencia devaluatoria en que se inserta el dispositivo de política económica, sin cuestionar dicha tendencia.
De lo que se trata no es de administrar la devaluación sino de evitar dicha tendencia sobre la base de un replanteo de un conjunto de políticas económicas, la principal de ellas, tiene que ver con el control del comercio exterior, para disponer de las divisas que el país produce y evitar la fuga de capitales.
– ¿Concuerda con las retenciones agropecuarias? En caso que no ¿Qué propondría?
Concuerdo pero no con el modo en que se instrumentan principalmente porque trata a todos los productores por igual sin considerar la heterogeneidad que caracteriza al sector donde conviven pequeños productores, algunos incluso que arriendan campos, con grandes productores que también pueden arrendar y que están presenten en buena parte de la cadena de valor de las producciones, por ejemplo el caso de Cargill que posee campos propios donde produce trigo, soja y maíz, al tiempo que tiene una avanzado sistema de logística y acopio, es el más importante actor en la Molienda de los cereales y es uno de los principales exportadores del país.
Por ende, lo que hace falta es un Registro de Productores que permita diferenciar el peso de las retenciones según la capacidad económica de cada productor, donde incluso en la actual coyuntura, sobre los actores más concentrados le cabría un aumento de las retenciones.
No obstante lo expuesto corresponde precisar que las retenciones son un instrumento que tienen por objeto desacoplar el precio interno del internacional pero cuyo modo de administración es mucho más eficiente en el marco de un Control sobre el Comercio Exterior, que este gobierno no realiza
-¿Cuál cree que debe ser el rol del Estado en materia de Educación, Salud, Cultura y Transporte?
Para nosotros el Estado debe garantizar un piso de ingresos, derechos y garantías para el conjunto de los hogares que permitan una vida digna. Ello se traduce sin dudas en un fortalecimiento del sistema público de Educación, Salud, Cultura y Transporte, que permitan garantizar derechos y no como en la actualidad que son el refugio de los sectores populares que tienen que resignarse a recibir prestaciones de baja calidad puesto que no pueden acceder al sistema privado en cada uno de estos sectores.
Concretamente en Educación se requiere la universalización del acceso, permanencia, reinserción y egreso de los diferentes niveles educativos para romper con la herencia de la Ley de Educación Federal que generó un sistema fragmentado y pauperizado. Aunque la Ley Nacional de Educación vigente intenta superar estos límites, persiste en su concepción la idea de que toda educación es pública y lo que cambia es sólo la gestión (estatal o privada).
Es necesaria la construcción de un sistema de educación pública que garantice la articulación entre los diferentes niveles y sujetos creando las condiciones para dialogar con las múltiples experiencias educativas del campo popular, académico, a lo largo del tiempo, reconociendo las especificidades y sus trayectorias, buscando la integralidad en el marco regional y nacional en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas educativas.
En materia Sanitaria proponemos una Ley Nacional de Salud que contemple, entre otras cosas, la conformación de un auténtico Sistema Integrado de Salud sobre la base de una red federal que coordine de modo integral los servicios públicos de todas las jurisdicciones, el desarrollo de estrategias comunes de prevención y promoción de la salud, el acceso de toda la población a los servicios públicos de salud considerando la diversidad cultural, la regulación de las obras sociales, del PAMI, y que asegure el control del Estado sobre todo el Sistema de salud. Al mismo tiempo es imprescindible la Reglamentación de la Ley Nacional N° 26688, de Investigación y Producción Pública de Vacunas, Sueros, Medicamentos y Productos Médicos y la aplicación de las disposiciones de la Ley relativas al acceso gratuito de vacunas, sueros, medicamentos y productos médicos a través de los efectores públicos. Asegurar el financiamiento necesario para que los Laboratorios de Producción Pública puedan adecuarse a las normativas de la ANMAT. También se requiere el pleno cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 en todo el país, que restituye el lugar de sujeto de derecho a quienes tienen sufrimiento mental (y no sólo enfermedades mentales). Jerarquización, en los términos de la ley, del Equipo interdisciplinario en la asistencia, en contraposición al poder médico hegemónico y a la industria farmacéutica. Promoción de las cooperativas de trabajo y las empresas sociales para la reinserción en el mercado laboral; y la creación de un sistema público de centros de atención y rehabilitación para los jóvenes adictos de bajos recursos.
En materia Cultural proponemos un Proyecto de Ley de Apoyo a la Cultura Comunitaria, Autogestiva e Independiente, que impulsa la creación de un Fondo Nacional para su financiamiento equivalente al 1% del Presupuesto Nacional que permita institucionalizar, otorgar sostén y promover las más de quince mil experiencias de cultura comunitaria que existen en el país
Por último en materia de Transporte promovemos la creación de la Autoridad Metropolitana de Transporte que permita la revisión de las concesiones de todos los subsistemas de transporte para discutir las condiciones de regulación del sistema de transporte público de colectivo e iniciar la Reconstrucción Industria Ferroviaria, a través de la creación de un complejo estatal con control social que tendrá a su cargo la gestión de la totalidad de la estructura y producción ferroviaria, tanto en el transporte de cargas como de pasajeros, y el control de circulación sobre la misma, que permita reconstruir 18 mil km de vías a nuevo: 7 mil km de vías para trenes de pasajeros y de carga y 11 mil más sólo para trenes de carga. Unas 300 locomotoras, 900 coches de pasajeros y 15 mil vagones para carga. Se trata de una inversión estratégica de no más de U$S 3.100 millones que son perfectamente realizable dado el nivel de reservas y exportaciones que presenta nuestra economía.
-¿Qué ofrece su partido?
Desde CAMINO POPULAR tenemos como principal tarea la construcción de una NUEVA EXPERIENCIA POLÍTICA que permita resolver los problemas concretos de los que habitamos este país, abordando sus causas estructurales, y no caer en la estéril discusión entre oficialismo obtuso y oposición acérrima. Somos los que queremos CAMBIAR ESTRUCTURALMENTE LA ARGENTINA en base a 4 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, que nos diferencia del resto de las fuerzas políticas, estas son:
DEMOCRATIZACIÓN; para garantizar la participación organizada de la comunidad en la toma de decisiones que definen su destino.
IGUALDAD; para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y construir un Piso de Ingresos, Derechos y Garantías que permita alcanzar, entre otros, el objetivo de Pobreza cero en nuestro país.
SOBERANÍA; para recuperar el control público sobre los recursos naturales, avanzar sobre la extranjerización de la economía y financiar el cambio productivo.
INTEGRACIÓN; para ampliar la capacidad de decisión de nuestro país, romper los lazos de la dependencia y aprovechar las ventajas del carácter de Potencia Ambiental que tiene América Latina.
Para nosotros la DEMOCRATIZACIÓN es la condición para superar las desigualdades vigentes, construyendo un Piso de Ingresos que garantice Pobreza Cero, gestando así una sociedad con mayor IGUALDAD en todos sus aspectos. A su vez, ese protagonismo social y ese piso de ingresos y de derechos será el soporte para un proceso político encaminado a asegurar la SOBERANÍA en el control público de los recursos naturales. De este modo, las rentas generadas por una explotación racional y sustentable ecológicamente servirán para el cambio productivo que esta sociedad requiere. Es la única forma de mantener en el tiempo el piso de ingresos y de derechos y así dar inicio a un profundo cambio social. Por otra parte, estas transformaciones en el mundo de hoy no las puede encarar un país aislado de su región: la INTEGRACIÓN REGIONAL, ampliando la capacidad de decisión de nuestros países, permite alcanzar tres objetivos: revertir la extranjerización de la economía, regular el comportamiento del capital trasnacional, y aprovechar el carácter de Potencia Ambiental que tiene la región para favorecer nuestra propuesta de CAMBIAR LA ARGENTINA.
