La titular del Gen, la diputada Margarita Stolbizer, pidió la derogación de la Ley Antiterrorista y la creación de una comisión parlamentaria que investigue las operaciones de inteligencia de todas las fuerzas armadas y de seguridad.
A través de un proyecto de ley para dejar sin efecto la vigencia de la Ley 26.734, conocida como Ley Antiterrorista, sancionada y promulgada en diciembre pasado; y de un proyecto de resolución para la creación de una Comisión Parlamentaria, la Presidenta del Bloque de Diputados Nacionales del GEN/FAP, Margarita Stolbizer vinculó la acción del gobierno con la persecución y la represión de la protesta social.
«La tarea de espionaje y recopilación de datos de dirigentes sociales, gremiales, estudiantiles, políticos y de derechos humanos, no solamente es una actividad ilegal y violatoria de nuestro estado de derecho, sino que además ha puesto al desnudo un mecanismo de vigilancia y control del espacio público que apunta a la judicialización y criminalización de los conflictos y las protestas sociales, con ánimo disuasorio, persecutorio y represivo», sostuvo.
«El Congreso no puede seguir sosteniendo aquellas leyes, ni puede tolerar que las fuerzas de seguridad realicen tareas de espionaje violatorias de las leyes nacionales e invasivas de la esfera de privacidad de las personas. Como tampoco puede permitir el desapego institucional de los ministros desentendiéndose de nuestra voluntad de convocarlos para conocer sus explicaciones y razones”, afirmó Stolbizer.
Según la diputada, “dentro del Proyecto X de Gendarmería también se visualiza un papel de las fuerzas armadas y nada nos puede hacer soslayar la ya reconocida intromisión de la Policía Federal en tareas de inteligencia impropias de su función”.
“Por eso proponemos que sea el Congreso donde, sin ninguna pretensión de sustituir la labor de la justicia, se realice un profundo estudio o investigación sobre la realización de tareas de inteligencia en todas las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas, y tome nota de las responsabilidades políticas o administrativas que se puedan determinar», finalizó.


