Tras los 357 despidos en Télam, ayer los trabajadores realizaron una conferencia de prensa desde el edificio que la empresa tiene en avenida Belgrano y confirmaron que, acompañados por un grupo de legisladores, presentaron un proyecto de ley para convertir a la agencia en una empresa periodística pública con control del Congreso y que continuarán con medidas de fuerza como consecuencia del ajuste injustificado lanzado por el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, y por el presidente de la agencia, Rodolfo Pousá.

“Estamos ante un conflicto que no solo es por despidos. Es también por la libertad de opinión, de expresión y de pensamiento”, sintetizaron los trabajadores de Télam, que ocupan de manera pacífica las instalaciones de la agencia oficial, tanto la sede desde la que se realizó la conferencia de prensa como la que está ubicada en la calle Bolívar, desde hace una semana.

Delegados de los tres gremios con representación sindical y el conjunto de los trabajadores confirmaron que el viernes pasado presentaron, con firmas de 14 legisladores, un proyecto de ley para convertir a Télam en una empresa periodística pública con control parlamentario. También anunciaron que mañana interpelarán a Lombardi en el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Libertad de Expresión y Comunicaciones, y que el próximo jueves realizarán junto a todos los sindicatos de prensa del país una gran marcha nacional desde el Obelisco hasta el CCK.

Según el delegado del Sipreba en Télam Mariano Suárez, se trata de «un gigantesco proceso de disciplinamiento». Y explicó: «Nos despiden para disciplinar a esta redacción, para ejemplificar. La patronal nos da una alternativa: obediencia o despidos, obediencia o desempleo. Quieren que seamos periodistas sumisos, que no tengamos rebeldía, quieren periodistas que no pregunten”.

“Lo que se ahorran es sólo 250 millones de pesos, o sea, 4 horas de intereses de Lebac. No se ahorra nada mientras se deja al país sin información y, al mundo, sin saber qué está pasando en el país”, advirtió Daniel Segal, representante de Sitrapren, respecto de uno de los argumentos esbozados por el propio Lombardi acerca del dinero que cuesta al Estado el sostenimiento de la empresa.

Los periodistas denunciaron el progresivo vaciamiento de la agencia estatal, evidente con el cierre por despidos de las corresponsalías de Formosa, Chaco, Catamarca y Chubut, o la inoperabilidad en que la decisión del directorio puso a áreas claves, como audiovisuales, radio o el portal web, en el marco de las nuevas tecnologías.

«El desguace de este medio público, que garantiza la pluralidad de voces y la cobertura federal informativa del país, se materializa a través del vaciamiento del área que controla administrativamente el manejo de la pauta publicitaria oficial, el cierre de la mayoría de las corresponsalías en el interior del país y el desguace de partes o la totalidad de las secciones periodísticas operativas de la agencia», señalaron los trabajadores en conflicto.

Además, advirtieron que la decisión del gobierno de Mauricio Macri de cerrar la agencia tiene dos objetivos: por un lado, “consolidar la alianza estratégica con el sector más concentrado de la Industria de la comunicación”, para lo cual es necesario “reducir los medios públicos a la mínima expresión”; y, por otro, “consolidar la destrucción plena del estado nacional”.

Fuente: Agencia Paco Urondo