Al término de un extenso alegato final que duró cinco jornadas, el fiscal Fernando Arrigo pidió al Tribunal Oral Federal 2 que se condene al maquinista Marcos Córdoba a tres años y ocho meses de cárcel e inhabilitación por ocho años para manejar trenes por el delito de «estrago culposo agravado».

Respecto del motorman de la formación Chapa 16, que chocó contra el andén de la terminal de trenes, el fiscal entendió como agravante la «gravedad del hecho» y la «naturaleza de su conducta», que fue según el alegato fue imprudente y negligente.

Sin embargo, a favor del maquinista Arrigo entendió que debía considerarse su nivel de educación y su «situación socioeconómica», que derivaba en una «reducción de su capacidad de autodeterminación y así la aceptación del modo de trabajo» al que lo sometía la empresa.

Para el empresario Sergio Cirigliano, titular de la ex concesionaria TBA, el fiscal pidió diez años y once meses de prisión.

Para los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi reclamó una condena de diez años y diez meses de cárcel por «estrago culposo agravado por lesiones y muerte» y «defraudación a la administración pública por administración fraudulenta».

Arrigo consideró que «la actividad de los funcionarios públicos en general debe ser examinada con mayor rigurosidad por cuanto todo desvío o abuso funcional resulta un quebrantamiento a la confianza pública que toda actividad estatal debe merecer».

Para los ex responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Pedro Ochoa Romero y Antonio Sicaro, reclamó diez años y seis meses y diez años de prisión respectivamente.

El fiscal pidió además penas de entre nueve años y diez años y seis meses de prisión para todos los procesados que integraban el directorio de la empresa concesionaria TBA y de la firma controlante Cometrans.

El juicio se reanudará el lunes con el inicio de los alegatos de las defensas.