Tras casi quince horas de debate, el Senado aprobó esta madrugada y giró a Diputados, el proyecto que envió el Ejecutivo para expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF y que declara de interés público la producción hidrocarburífera.

Con 63 votos a favor debido a los respaldos del oficialismo y la mayoría de los bloques opositores como el radicalismo y el Frente Amplio Progresista fue aprobada la medida. En tanto, tres senadores votaron en contra y cuatro se abstuvieron.

A través del texto, se impulsa además la expropiación de la firma YPF Gas, también controlada por la española Repsol.

Asimismo el proyecto declara «de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., a YPF Gas, sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta».

Como miembro informante, durante el debate en el recinto el senador nacional por el Frente para la Victoria de Neuquén, Marcelo Fuentes, sostuvo que el oficialismo es «consciente de que la sola expropiación no soluciona el problema» sino que «es el inicio de la solución, para dar soberanía energética al Estado argentino».

Desde la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, marcaron que la iniciativa «no es un acto caprichoso ni un acto aislado» del Poder Ejecutivo sino «el corolario lógico» del proceso iniciado en 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner.

Desde el radicalismo, el senador Gerardo Morales, admitió que el proyecto cuenta «con el consenso de la mayoría de la población» y «de la mayoría de la oposición» y adelantó que la UCR votaría en general a favor del proyecto, a la vez que se quejó de «algunas operaciones» de «un sector minoritario» de su partido.

En representación del peronismo disidente, Romero afirmó que votó a favor de la privatización en la década de los 90, avisó que su bloque presentaría un proyecto propio y criticó el hecho de que el Gobierno no «tenga una visión estratégica» en materia energética.

En tanto, Estenssoro adelantó que se abstendría en la votación del proyecto por no estar de acuerdo, entre otros puntos, con la nueva composición accionaria que tendrá la empresa cuando se apruebe la ley.

De acuerdo al proyecto, se establece que de las acciones que se expropiarán, el 51 por ciento corresponderá al Estado Nacional y el 49 por ciento restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

En el proyecto se indica además que la tasación de las acciones a expropiar «la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación» y se aclaró que a futuro «se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros».

Ahora, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados, donde será debatido hoy mismo en un plenario de comisiones de Energía, Presupuesto y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, para avanzar en el dictamen y tratarlo la próxima semana en el recinto.