El inminente desalojo que dictó la justicia Tucumana prevee echar de las tierras 2200 (dos mil doscientas)  familias numerosas. «La violencia social tiene origen en la injusticia social», sostuvo el legislador, «nosotros somos enamorados y creemos  en el  Proyecto  Nacional y popular porque promovemos la inclusión social y de ninguna manera aceptaremos que el problema de las viviendas se resuelva a los palazos. Cuando estuve allí, en el asentamiento y me reuní con estas mujeres rodeadas de niños que procuran un futuro mejor para sus familias decidí acompañarlas en su objetivo de resolver sus problemas de vivienda. Ellas proponen pagar una cuota e inclusive aceptarían un traslado a algún lugar que se les destine, lo que abre una vía de negociación imposible de soslayar. Situación que mete presión a la corte suprema de justicia provincial». Son cada vez mas las voces en la Provincia de Tucumán de organizaciones comunitarias y movimientos sociales que piden prime la paz y el dialogo a favor de resolver los problemas de la Provincia.