La decisión de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de presentarse como querellante en la causa judicial por la tragedia de Once, resulta “no sólo contraria al orden jurídico, sino también inmoral y absurda”, señalaron en un comunicado de la UCR.
El documento firmado por el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Mario Barletta; jefe de bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra; y el presidente de la bancada de senadores, Luis Naidenoff, sostiene que “sólo por excepción expresamente prevista en la ley, puede alguna dependencia estatal intervenir como acusadora junto al Ministerio Público, con prescindencia de una lesión directa a un bien jurídico del que sea titular. Salvo que se quiera otorgar a la expresión “interés público” de la ley de la dictadura Nº 17.516, el irrazonable alcance de que el Poder Ejecutivo puede actuar como querellante en todos los procesos en los que el Ministerio Público ejerce la acción penal”.
“En este caso, el gobierno no es víctima, ni puede representar al conjunto de las víctimas. Al contrario, entre sus filas se encuentran algunos de los potenciales responsables de este hecho, lo que implica un grave conflicto de intereses. Anunciar una querella es sólo un recurso retórico que busca correr al gobierno del lugar de responsable y ubicarlo en el de afectado, o de representante de los afectados. El gobierno, en todo caso debe responder, no acusar. El momento de “defender el interés público” desafortunadamente ha sido desaprovechado, y hoy debemos lamentar decenas de víctimas fatales y cientos de heridos”, agrega.
Asimismo sostienen que “el servicio de trenes no ha sido mantenido adecuadamente. La gente viaja muy mal e insegura. Esto ha sucedido con la complicidad de los funcionarios del gobierno que no han efectuado los controles necesarios. El manejo de los subsidios ha sido oscuro y ha estado salpicado por la corrupción”.
“Por eso resulta escandaloso que el ministro De Vido señale que “lo administrativo acompañará las decisiones judiciales” cuando su gestión se ha caracterizado, precisamente, por la omisión de cualquier tipo de investigación interna ¿Acaso alguien ha tenido noticias de algún sumario contra Jaime? ¿Debemos creer que este gobierno “no genera esquemas de protección para nadie”, cuando hace casi 10 años que ignora los informes de la AGN y los reclamos de cientos de miles de usuarios?”, añaden.
Finalmente concluyen que “el anuncio de la intención de constituirse en parte querellante evidencia que el gobierno sólo pretende eludir torpemente su propia responsabilidad por lo sucedido”.
