Ante la destrucción de la propiedad de los vecinos. la saturación de los servicios, la desmejora de la calidad de vida, los vecinos pidieron: Modificación del Código de Edificación incluyendo una nueva inspección en el momento del pozo, creación de un registro de reincidencias y aplicación de sanciones, la instrumentación de un expediente único　que englobe todas las instancias de la obra, sus incidencias y denuncias y la publicación de toda esa información en la página de la Ciudad, la disolución de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras　(DGFyCO) y su reemplazo por un nuevo organismo con personal llamado por concurso y descentralizado, la reglamentación del accionar de los Peritos Verificadores y la redefinición de su rol, la suspensión de todas las obras comenzadas en los últimos 6 meses para su posterior re-inspección.

Solicitaron además la inmediata modificación del Código de Planeamiento Urbano que limite a un máximo de 6 metros la altura de construcciones en pasajes, a 12 metros en calles y a 24 metros en las avenidas 　en las zonificaciones R2a1, R2a2 y C3, que hoy no tengan alturas menores. En ese caso 　serán respetadas las actuales.　

Señalaron también que después de 2 años de sancionado el Plan Urbano Ambiental (Ley 2930) el Ejecutivo no envió el proyecto del nuevo Código morfológico y por tal causa exigieron su envío a la Legislatura.

Denunciaron que el Registro de demoledores que se creó a pedido de los vecinos, luego del derrumbe de Pedro Goyena y Thorne, nunca fue correctamente instrumentado por la administración macrista.

Por otra parte sostienen que los montos de las multas monetarias son irrisorios　y sólo con la venta de los 100 metros cuadrados, que el código permite de más, se pueden pagar las sanciones de toda la obra realizándola de forma totalmente ilegal, situación que debe terminar incrementándolas

Apelaron a que los Consejos Profesionales nacionalicen las sanciones para evitar reincidencias y presentaron además nuevas denuncias de descontrol en la construcción de la Ciudad.

Molestos por la falta de respuesta a los pedidos de audiencia del Jefe de Gobierno Ing. Mauricio Macri y del Ministro de Desarrollo Urbano Arq. Chain, sostienen que el gobierno toma sus propuestas como propias

Los acompañaron diputados y diputadas de la ciudad de los bloque de la Coalición Cívica, Proyecto Sur,　 Dialogo por Buenos Aires, Igualdad Social,　 UCR,　 Frente Popular para la Victoria, MST y la Defensora Adjunta del Pueblo Graciela Muñiz.

Hubo adhesiones del diputado D`angelo del socialismo Y la Diputada Nacional Silvia Vazquez, del Partido de la Concertación.

Ese mismo día en conferencia de prensa, el Ejecutivo de la Ciudad anunció a través del arquitecto Chaín que fueron convocadas para trabajar en la temática de los derrumbes las facultades de Ingeniería y Arquitectura de las universidades de Buenos Aires, Tecnológica Nacional y privadas, consejos profesionales, la Unión Obrera de la Construcción y Defensoría del Pueblo, para consultar acerca de » qué puede ser mejorado».

Para los vecinos las autoridades se olvidaron nuevamente de los vecinos y sus organizaciones, desconociendo el articulo primero de la Constitución que «organiza sus instituciones como 　 «democracia participativa»»

Según difundió la UOCRA el 80% de las demoliciones que se realizan son al margen de la ley.　Para los vecinos «esto marca claramente que la ilegalidad es la regla en la Ciudad. Todo esta barbarie seria imposible sin la complicidad de los organismos de control de la Ciudad».