La Fundación la Alameda corroboró en una investigación que en el popular barrio de Villa Lugano algunas viviendas construidas en avenida Castañares y General Paz por el programa Sueños Compartidos y a cargo del IVC para los perjudicados del incendio en la llamada Villa Cartón se estarían vendiendo para instalar talleres textiles clandestinos. Esta cámara oculta ya forma parte de una denuncia penal que será ratificada por el titular de la Fundación Alameda el próximo miércoles en sede judicial.

“El modus operandi que se pone de manifiesto en la videograbación estaría indicando la existencia de una organización criminal que tiene por objeto la comercialización de inmuebles destinados por ley a la promoción o fomento social de personas en estado de emergencia habitacional toda vez que esto no puede ser realizado en forma individual ni aprovechando descuidos de la administración”, señala un párrafo de de la denuncia penal realizada por el titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, que el pasado jueves 22 de noviembre inició la causa 45.598/2012 a cargo del juzgado de Instrucción N° 21, Mauricio Adolfo Zamudio.

La denuncia refiere que existen “maniobras ilícitas en perjuicio del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC)” que llevarían adelante “funcionarios públicos en complicidad con dirigentes o líderes barriales de los denominados ‘punteros’ en la jerga política porteña”.

Betina Vota, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 38, deberá investigar lo denunciado por la Alameda a partir de la ratificación de la denuncia que será tomada por la secretaria Ángeles Gómez Magliorano.

La investigación de la Alameda comienza en octubre cuando se contactan con Ariel Bucca, puntero de la zona sur. Bucca junto a su mujer, Silvia Gancel, son quienes ofrecen vender el departamento que el hermano de Gancel, un tal Miguel, junto a una vecina adquirieron mintiendo en el censo que se hizo para adjudicar viviendas en el complejo de viviendas de Castañares.

En la propia cámara oculta reconocen que el departamento está a la venta desde hace varios meses y la impunidad con la que se pueden operar los talleres clandestinos: “ahí no te jode nadie”. Los «dueños» no quieren venderlo a menos de 80 mil pesos, ya que tienen que dividir la plata. Bucca lleva a recorrer su barrio, Ramón Carrillo, buscando al familiar que luego los lleva en auto hasta Castañares y General Paz. Recorriendo el barrio de Bucca, éste comenta que le están por asignar dos departamentos, uno para él y otro para su madre, y que los va a vender con todas las comodidades que el plan de vivienda entrega (muebles, cortinas, sabanas, cocina). Bucca asegura «para que los quiero si yo tengo mi casa».

En el video se lo ve a Bucca en su casa y luego como contacta a los supuestos «compradores» con el dueño del departamento a vender. El supuesto «tallerista», quien lleva la cámara, pregunta si en el complejo de viviendas se puede armar un taller clandestino con serigrafía. El dueño contesta que “sí” y después el propio Bucca reconoce que ya se instalaron talleres ilegales en el barrio.

Una vez en el auto, junto a Bucca, su esposa y el supuesto dueño del taller se detalla la modalidad para transferir la titularidad del inmueble. Esto se concretaría cuando el adjudicatario del plan de vivienda entrega al «comprador» la adjudicación que le dio el IVC. Después entre «comprador» y «vendedor «se firma un simple contrato de compra y venta y los nuevos «dueños» empiezan a pagar los impuestos del mismo y al cabo de un tiempo se presentan en el IVC para poder realizar la escritura a nombre del nuevo dueño.

“Las viviendas serían entregadas al I.V.C. a efectos de que se las adjudique en base a un listado de adjudicatarios que entregaría la Asociación Civil ‘Las Esperanzas de un Cambio’”, figura en la denuncia penal al dar cuenta de los convenios firmados con el Gobierno Nacional, porteño y la constructora del programa «Sueños Compartidos».

La cámara oculta muestra por dentro las viviendas construidas y en ese momento Bucca aprovecha para decir que existe departamento en venta por 120 mil pesos. Y vuelve a insistir el puntero que no van a tener problemas y agrega que otros “paisanos tuyos” ya tienen talleres allí.

La denuncia penal de la Alameda se basa en la malversación de caudales públicos, un delito que consiste en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado, y por asociación ilícita de funcionarios con punteros en perjuicio del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

Ahora, la Justicia deberá investigar cuántos de los damnificados han sido estafados, a los punteros y funcionarios implicados y la cantidad de talleres ilegales que se montaron allí.

Fuente: La Alameda