Así, lo denunció uno de los referentes del grupo de comunidades, entidades ambientalistas y académicas de la provincia que lanzaron una junta de firmas para solicitar la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11, que permiten al Ejecutivo modificar zonas para el desmonte. Además de perjuicios ambientales, esto genera injusticias para poblaciones criollas e indígenas.