En una conferencia de prensa, referentes de un grupo de comunidades, entidades ambientalistas y académicas de la provincia de Salta denunciaron el desmonte de terrenos en la provincia y lanzaron una campaña para solicitar apoyo de la comunidad contra este flagelo.

Se trata de representantes de Asociana, Greenpeace, Fundapaz, Qullamarka, Takuapú, Tepeyac, la Escuela de Antropología y la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Salta, quienes solicitan la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11, que permiten al Ejecutivo Provincial modificar zonas que no se podían desmontar según el ordenamiento territorial, para luego desmontarlas, lo cual contradice la Ley Provincial y la Ley Nacional de Bosques nativos. Podrán firmar para la derogación de decretos que ponen en riesgo a los bosques, salteños mayores de 16 años, accediendo a www.saltaconbosques.org.ar

Pero además de difundir su campaña, los referentes explicaron cómo se llevan adelante estos procedimientos, generando además de perjuicios ambientales, para poblaciones criollas e indígenas.

“En Salta por un lado se celebra el gauchaje y por el otro se les quita las tierras”, comenzó diciendo uno de los referentes de las entidades que lanzaron una campaña, Andrés Leake, también denunciante de las situaciones que les niegan a las comunidades su forma de vida, e incluso las recluyen en una situación de miseria.

Según informaron a Nuevo Diario de Salta, las recategorizaciones se hacen a pedido de quien solicita el cambio y muchas veces sin la consulta total a las comunidades que pueden ser afectadas por el desmonte, “muchas de ellas indígenas que poco o nada se benefician con el presunto desarrollo que se indica desde el sector productivo”.

Los referentes advirtieron además que los «acuerdos» firmados se realizan en muchas ocasiones en un contexto de total desigualdad, otorgando extensiones menores tierras que las que los ocuparon por años y además con compromisos que no son seguros.

También se refirieron a los casos en que por la resistencia de los pobladores, tanto sean para criollos o indígenas, donde mayormente resultan con sentencias que no los favorecen. De acuerdo a las declaraciones de los referentes salteños, la situación de las comunidades indígenas suele ser peor ya que las audiencias públicas de desmonte no se comunican a tiempo, se realizan en jurisdicciones alejadas y no disponen de traductores para que los indígenas entiendan de qué se trata.

Dentro de estos malos tratos, se remarca también que la Justicia dilata los reclamos de las comunidades y, por lo tanto, la provincia no lo reconoce. “El cóctel termina en una combinación peligrosa en la cual las comunidades comienzan a tomar acciones directas, incluso poniendo el cuerpo», indicaron en la conferencia, al referir a uno de los tantos conflictos del norte provincial.

Así, es el caso de miembros de comunidades originarias en la zona de Gral. Ballivián (departamento San Martín) que decidieron comenzar a bloquear el paso de dos topadoras que se aprestan a desmontar en una zona que se recategorizó de amarillo y rojo al verde, para autorizar la «habilitación de tierras», es decir, el desmonte.  “No lo vamos a permitir. Es el único monte que queda», dijo el cacique de la comunidad El Chaguaral, Hugo Díaz, y describió a la zona como un «océano de soja».