MENU Martes 27, octubre 2026
Ayer el titular de la Unión Ferroviaria y el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid fueron procesados por intentar favorecer la situación del sindicalista en la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra. Con esta medida también fueron afectados el agente de inteligencia Juan José Riquelme, al secretario judicial Luis Ameghino Escobar y al contador de la UF Angel Stafforini.
Fue en Santa Fe, en el marco de un juicio oral, contra Juan José Luis Gil. El hombre estaba señalado por los delitos de amenazas y coacciones agravadas en la instrucción de un caso ante el Juzgado Federal de Reconquista.
Lo determinó la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires al rechazar dos recursos que habían sido planteados por la defensa del viudo de María Marta. De esta manera se dejó establecida con firmeza la perpetua a la que había sido condenado el viudo de María Marta García Belsunce.
Se trata del proceso contra Juan José Luis Gil, por amenazas y coacción en la instrucción de un caso ante el Juzgado Federal de Reconquista. La Fiscalía solicitó que sea condenado a ocho años de prisión.
Lo hizo la ministra Argibay durante la firma de un convenio de cooperación entre la Oficina de la Mujer, el Máximo Tribunal, y el Ministerio Público de la Defensa. La idea es promover actividades comunes de capacitación e investigación.
Hoy volvió a declarar el ex presidente y sostuvo que su ex compañero de fórmula «no honró» la amistad que los unió ni el voto popular al renunciar al cargo. Sobre Terragno marcó que pudo sufrir el «síndrome de la distancia», es decir, la necesidad de alejarse de las sospechas de lo ocurrido.
Durante la jornada de ayer el ex presidente tuvo que declarar y se proclamó “inocente”. Según él la acusación está basada en “groseras mentiras”. «Vengo a ejercer la defensa para esclarecer y demostrar mi inocencia y la inexistencia del hecho», señaló.
Las Justicia tomó esta medida también para los otros cuatro acusados en el caso Mariano Ferreyra. Las defensas habían invocado contradicciones en la declaración de un testigo con respecto a la instrucción de la causa.
Se trata del taller protegido Nº 19 del Hospital Borda donde se encuentra la maquinaria con que los pacientes realizan sus tareas habituales. Los trabajadores resisten la medida.
Los jueces hicieron lugar a tres recursos de revisión. Al respecto marcaron que “el presente caso ha puesto de manifiesto la falta de adecuación de las normas del Código Procesal Penal de la Nación y de las leyes del derecho penal juvenil respecto de los principios de la Constitución Nacional y de los que rigen en el derecho internacional”.
