A través de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó hoy la suspensión del contrato de la empresa Unión Transitoria de Empresas (UTE), supervisadora de la SUBE, medida que según el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, es “preventiva”.
La Resolución 98/2012 publicada en el Boletín Oficial, también se instruye “a la Unidad Ejecutora del Proyecto, para que proceda a la revisión y análisis de la documentación respaldatoria”.
Además se precisó que la Secretaría de Transporte “recibió un oficio judicial por parte del fiscal federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número por el cual solicitó la remisión del expediente original por donde tramitó la licitación y contratación para el control de la tarjeta SUBE”.
“Ha circulado públicamente información periodística vinculada a eventuales irregularidades en la contratación referida”, señalan y añaden que “atento a los hechos detallados precedentemente, se propicia la adopción de medidas de carácter preventivas y provisorias tendientes a llevar a cabo las verificaciones pertinentes por parte de la Unidad Ejecutora contratante”.
También señaló que “considerando la evolución procesal de la referida causa penal, es necesario adoptar medidas tendientes a evitar una eventual afectación del interés público”.
”Sin perjuicio del citado proceso penal en marcha, la divulgación que han tenido las eventuales irregularidades que habrían acaecido en el marco de ejecución del contrato de marras, adiciona fundamentos a la necesidad de proceder de acuerdo con las instrucciones impartidas por el ministro del Interior y Transporte (Florencio Randazzo), en nota de fecha 13 de julio de 2012, correspondiendo adoptar las medidas preventivas pertinentes y oportunas en resguardo del interés público comprometido”, destacó la Resolución.
El contrato suspendido había sido suscripto por el Estado y la UTE conformada por las firmas Global Infraestructure, Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV), Ingeniería en Asistencia Técnica Argentina (IATA), y González Fischer & Asociados.
«Hemos hecho una evaluación con respecto al contrato. No somos jueces ni fiscales, pero creemos conveniente y lo hemos decidido con la Presidente una suspensión de la ejecución del contrato, como también los pagos a la empresa», señaló Randazzo.
