La desnacionalización de YPF constituyó sin duda una de las más ruinosas decisiones tomadas por el Estado Nacional. El escenario a inicios del 2012, año en que se tomó la decisión de la nacionalización, conjugaba la pérdida del autoabastecimiento de combustible, la creciente necesidad de importarlo y la vertiginosa pérdida de nuestras reservas de petróleo y gas. Tal como afirma la nota de elevación del Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación en aquella oportunidad…” es imposible ignorar que la existencia de yacimientos de petróleo y gas representa una crucial ventaja competitiva a escala internacional para nuestro país”…”la competitividad de la producción del país reposa en buena medida sobre el costo de la energía…” Si el costo energético para la industria nacional es el precio internacional…”la industria del país deja de ser competitiva aún cuando en el terreno tecnológico, organizativo y de la productividad laboral alcance los mejores estándares internacionales”…
En síntesis: Si a configuración original de la economía argentina como estructura productiva desequilibrada, con un sector primario productor de materias primas de mayor productividad que el sector industrial local que produce a mayores costos que los internacionales le adicionamos la restricción de pagar el precio de la energía a la cotización del mercado mundial, el proceso de desarrollo se ve comprometido, al ser “el petróleo un insumo difundido en la estructura productiva del país, participando como un costo directo en una enorme variedad de procesos industriales…” En ese sentido la decisión de la nacionalización de YPF fue absolutamente imprescindible.
La respuesta de España tuvo varias aristas, amenazas de acciones en las duras palabras de los voceros de su Gobierno, el tono recargado de los medios de prensa de la península, los dichos de la UE…qué efectos reales tuvieron?
En 2011, el año anterior a la nacionalización de YPF, las exportaciones a España alcanzaron U$S 2.907 millones, siendo este país el quinto destino de nuestras exportaciones. La respuesta española a la nacionalización incluyó un reclamo ante el CIADI, órgano de litigios internacionales en la órbita del Banco Mundial y una restricción comercial a los biocombustibles de origen argentino basada en argumentos de dumping que implicaron finalmente la imposición de aranceles que dejaron fuera de mercado a nuestros productos. Un dato: Europa es importador neto de biocombustibles, rubro en que la Argentina es el primer exportador mundial. Las restricciones afectaron un negocio de más de U$S 3.000 millones.
Así como España logró exitosamente la traba de la venta de biocombustibles a la UE en represalia, otros mecanismos, como el intento de frenar de los desembolsos de créditos de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el BID, no prosperaron. Incluso otras sanciones globales con las cuales la prensa española y un sector de la prensa local alentaron, a saber, la expulsión del G-20, organismo que España no integra, se frustraron sin mayores consecuencias.
La controversia con REPSOL tenía indudablemente un primer escenario en el valor que implicaba la expropiación del 51 % de las acciones clase D de ésta en YPF. La decisión del Gobierno Argentino de no realizar una operación a precios de mercado, que implicaría un imposible desembolso para las arcas públicas de U$S 15.000 millones aproximadamente, sino de fijar un procedimiento de expropiación de acuerdo a la Ley 21 499 de la Argentina con tasación a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación constituyó, en su momento, el primer conflicto abierto con la compañía española. El Tratado Bilateral de Inversiones firmado con España también habilitaba la expropiación, punto a favor de nuestros intereses. El caso terminó en en el CIADI, tribunal del Banco Mundial en que la Argentina ha sido largamente demandada por prestadores de servicios públicos luego del año 2002.
Ahora bien, mirando el problema local de la YPF renacionalizada, habíamos descripto la necesidad del retorno al autoabastecimiento de combustible, las pérdidas de nuestras reservas de petróleo y gas y el grave problema de la importación de combustible para sostener la continuidad del crecimiento. El último de los objetivos se enfrenta con una proyección de importaciones por este rubro que superaría en las estimaciones del Ministerio de Economía los U$S 7.000 millones a julio de 2012, llegando a una proyección cercana a los U$S 13.000 millones o más (según fuentes privadas) para todo el 2012. El primer objetivo que se planteó el Gobierno Nacional fue reducir esa brecha. Cómo? A grandes rasgos aplicando en primer lugar las utilidades de la petrolera, que rondaban los U$S 2.000 millones, en segundo lugar incrementando la capacidad instalada de refinación existente y la de inyección de gas al circuito, ambas deprimidas por el diferencial de los precios internos fijados por el Estado con los precios internacionales, lo que llevó a Repsol a disminuir el ritmo de exploración, utilización de gas y refinación. En tercer lugar enfatizando la producción de fuel oil, que constituye un insumo de las centrales energéticas y reduciendo la de naftas especiales, un nicho de negocios de REPSOL. Así dentro de esta lógica se elevó por ejemplo el precio abonado en boca de pozo a otros productores del insumo, con los que se renegoció los valores y las condiciones durante el mes de en curso.
Se sabe que el autoabastecimiento energético, como objetivo, exige inversiones millonarias. En refinación, en exploración de los recursos tradicionales, en el continente y en la plataforma submarina y en los recursos no convencionales del “shale gas” y “shale oil”. En todos los casos exige formas de asociación con el capital extranjero de riesgo en la industria petrolera.
El éxito de esta política adoptada se mide en la capacidad de frenar en primer lugar el agujero negro de la importación de combustibles y luego paulatinamente revertirlo, asegurando el autoabastecimiento energético en el mediano plazo. Y por último lograr que el flujo de inversiones en todo el aparato productivo, con el objetivo de incrementar la capacidad industrial se robustezca, jugando en esto el crédito público un rol esencial.
Este objetivo no era pragmáticamente posible de ser alcanzado sin cerrar el conflicto abierto con REPSOL. De ahí la propuesta de pago, un monto de base de U$S 5.000 millones, bajo la forma de un título público, con matices aún en curso de ser instrumentados en una mesa de negociación consensualmente abierta. Basta leer la prensa internacional y la española para ver que existe un triunfo rotundo de la posición argentina sobre la posición de la empresa española, el que claramente no es reflejado en la misma forma por la prensa monopólica local.
El cierre de la negociación tiene varios ingredientes adicionales para nuestro país: En primer lugar que YPF se financie en el mercado internacional de capitales sin trabas para la explotación y exploración de hidrocarburos, recursos que aliviarán nuestra Balanza de Pagos, adicionalmente. En segundo lugar habilita a la discusión sobre la eliminación de trabas arancelarias a la introducción de biocombustibles a la UE, que no es automática, pero constituye un sendero con pronóstico favorable. Por último des complejiza la trama de juicios en el CIADI, otro activo para el país.
El rol del capital extranjero en la exploración y explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo y el gas, su impacto ambiental, reinstalada a partir de Vaca Muerta, tiene antecedentes históricos tanto en el Convenio con la California del primer peronismo como en los contratos petroleros de Frondizi.
Otra vez, la política, como arte de articular lo posible, en el centro de la escena.
